EN EL 2012 RENOVAMOS NUESTRO COMPROMISO POR SALARIOS DIGNOS, CONDICIONES DE TRABAJO DECENTES Y UNA SALUD PUBLICA DE CALIDAD.
El notorio aumento de las tensiones políticas y sociales no escapa a la percepción del ciudadano común. La enfermedad, de buen pronóstico médico, de la señora presidente Dra. Cristina Fernández de Kirchner desnudo la debilidad institucional y los límites de una conducción política ultracentralizada. Las muertes violentas del Gobernador de Rio Negro Soria, del funcionario del gobierno nacional Iván Heyn y del cónsul en Bolivia, Antonio Escobal, no dejan de llamar la atención. El corrimiento del espectro oficial de Moyano no es un dato menor para el análisis político y las tendencias a la constitución de un nuevo escenario político nacional.
En la provincia de Buenos Aires la asunción de Scioli se realizó en medio de una tensa interna que culminó con el enfrentamiento entre la Bonaerense y la Cámpora. La escena política provincial del partido de gobierno se caracteriza por el entrevero entre tres pesos pesados como el mismo gobernador, el gobierno nacional y Moyano.
No es casual este aumento de las fricciones. La base de estos fenómenos es el agotamiento del modelo económico y social, agroexportador e inequitativo, implementado por el gobierno. Para seguir este camino no queda otra solución que el ajuste que resquebraja las alianzas tejidas durante los años de gobierno. Cabe preguntarse cuales serán las consecuencias cuando el ajuste se empiece a ejecutar en los primero meses del 2012.
Los aumentos de las tarifas de los servicios públicos a los que se quitarán los subsidios significarán un recorte salarial de alrededor del 8%. La negativa a subir el monto del mínimo no imponible para el impuesto de ganancias a los salarios derivará en mayores descuentos. En resumidas cuentas un ajuste fiscal que recaerá sobre los hombros de los asalariados. La CICOP debe preparase para enfrentar el desafío de que el ajuste no recaiga sobre nuestras espaldas en el marco de la mayor unidad de acción posible de los trabajadores estatales y la generación de un escenario favorable para la defensa de nuestros intereses.
POR UNA REFORMA SANITARIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PARA QUE LA SALUD PÚBLICA DEJE DE SER EL ÚLTIMO OREJON DEL TARRO
Los 7.382.815 millones presupuestados para el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires derivan de los criterios utilizados en los anteriores ejercicios presupuestarios: Sumarle al presupuesto ejecutado del año anterior una cifra que se deriva de la inflación prevista para el 2012 y de los costos de los nuevos establecimientos que se pondrán en funcionamiento Es notoria la ausencia de cualquier tipo de debate y/o consultas con las fuerzas políticas y sociales, con la población y los trabajadores de la salud. Sigue la caída de la participación de salud en el gasto total del estado provincial. Se pasó de un 6.60% en el 2011 al 6.48% en el 2012. La participación fue del 10% en 1994.
Estimar un presupuesto sanitario en base a las necesidades de la población y de tener en cuenta las opiniones de los legisladores, de las organizaciones sociales y políticas, de los ciudadanos y de los trabajadores de la salud representaría una verdadera revolución. Necesitamos un verdadero presupuesto participativo no solo en la distribución de recursos sino en su determinación y asignación.
Ante el avance de las propuestas de seguro público en las políticas oficiales proponemos un debate que parta de recuperar un piso de financiación que destine al Ministerio de Salud el 10% del total de los recursos del estado provincial.
Urge solucionar la injusticia en la distribución de la coparticipación entre la nación y la provincia. Mientras en el territorio provincial se recauda el 38% del total de los impuestos coparticipables el estado solo recibe un 19%. En este sentido impulsar la sanción del Proyecto de Ley de Creación del Programa de Financiamiento del Sector Público de Salud (Proyecto de ley 7862/D/2010 impulsado por los diputados Macaluse, Fein, Lozano, Benas, Linares y otros ) es una alternativa viable y posible en las condiciones actuales. El programa se propone llevar el gasto estatal en el área al 3% del PBI en el 2013, como inversión social prioritaria.
Este programa, basado en el incremento de la inversión del estado nacional en el 0,6% del PBI, prevé que las provincias que accedan al mismo deban cumplir con estos requisitos:
ü La no disminución de su propio presupuesto medido en porcentual del PBI
ü La creación de una cuenta especial de transferencia con acceso al monitoreo público en Internet
ü La promoción del trabajo decente, finalizando con la precarización de los trabajadores de la salud y los salarios que no cubran la canasta familiar.
ü La prohibición expresa de aplicar esos fondos a la privatización o tercerización de servicios.
ü La gratuidad absoluta de todas las prestaciones en el Sistema Público.
ü La negociación colectiva nacional, una carrera sanitaria para todo el país y la oferta de trabajo full-time en el Sistema Público de Salud.
De aprobarse esta ley la provincia recibiría fondos adicionales para salud pública equivalentes al 0,25 % del PBI Nacional, unos 3.000 millones de pesos por año.
La CICOP aportaría su granito de arena y con el frente de trabajadores de la Salud, la CTA y otras fuerzas políticas y sociales está dispuesta a promover un gran debate provincial para debatir que tipo de sistema de salud necesitamos y como avanzar hacia esta meta. Fortalecer el sistema público tanto a nivel provincial como municipal es hoy prioritario para construir las premisas de un sistema único de salud de acceso universal y gratuito para que la salud sea un derecho de los pueblos y un deber del estado
SENTENCIA Y CONDENAS DE LA CAUSA POSADAS
El ex dictador Reynaldo Bignone y los represores Luis Muiña e Hipólito Rafael Mariani fueron condenados por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas y en el centro clandestino El Chalet que se instaló en el predio del hospital durante la dictadura.
Bignone fue sentenciado a 15 años de prisión por 15 hechos de privación ilegal de la libertad a Lidia Albano, Marta Muñoz, Carlos Apezteguía, Ana Muhlmann, Camilo Campos, Enrique Malamud, Juan Nava, Julio César Rodríguez Otero, Dora Agustín, Carlos Bevilacqua, Daniel Manigot, Rubén Drago, Hugo Nin, Hernando Sala y Davor Kvaternik.
Luis Muiña, integrante del grupo parapolicial denominado Swat, fue condenado a 13 años por ser culpable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y aplicación de tormentos a Gladis Cuervo, Jacqueline Romano, Marta Elena Graiff, Jacobo Chester y Jorge Roitman.
El ex brigadier Hipólito Mariani, de quien se dispuso la detención inmediata y el arresto domiciliario, era jefe de la Brigada Aérea de El Palomar y fue condenado a ocho años de prisión por la privación ilegal de la libertad agravada de Gladis Cuervo, enfermera que fue torturada en El Chalet y en la base aérea de Morón.
El fallo es considerado insuficiente por ser estos delitos de lesa humanidad. También se rechaza la decisión de que dos de los condenados puedan gozar del beneficio del arresto domiciliario.
El cuarto imputado, Argentino Ríos, también integrante del Grupo Swat, quedó pendiente de resolución su situación procesal hasta que se recupere de una cardiopatía que lo aqueja. Tampoco pudo ser juzgado el ex interventor del Hospital, Agatino Di Benedetto, por estar declarado «insano”.
DECLARACIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL DE FESPROSA
LA NUEVA “LEY ANTITERRORISTA”: UNA AMENAZA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA:
El 14 de octubre la Presidente Cristina Fernández envió un proyecto de ley antiterrorista, que el Congreso Nacional, con un apuro digno de mejores causas, convirtió en ley modificando el Código Penal para que el delito de terrorismo se pueda aplicar asociándolo a todos y cada uno de los tipificados en ese código, ya sea cometido por organizaciones o individuos.
La ley utiliza expresiones de tanta ambigüedad, imprecisión y amplitud – elementos incompatibles con los requisitos fundamentales del derecho penal- lo que la hace sumamente peligrosa ya que afecta la seguridad de los ciudadanos como cuando se refiere a la “finalidad terrorista ”delitos cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población”, “para obligar a las autoridades a realizar un acto o abstenerse de hacerlo…” peligro que se agrava ya que en estos casos se duplican las penas previstas para los delitos, con lo que muchas acciones que nada tienen de delictivas pueden caer bajo su ámbito de aplicación como una protesta por reclamos salariales, una huelga, un desalojo o un corte de rutas o calles.-Por ej.:. La pena prevista para una usurpación pasaría a ser de 1 a 6 años si se considera que tiene “finalidad terrorista”, con el riesgo de la prisión efectiva.
Esta es la cuarta “ley antiterrorista” de la administración kirchnerista ya que en el gobierno de Néstor Kirchner se sancionaron tres similares: dos en 2005 y en el 2007 la nº 26.268, bajo la presión del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de Estados Unidos para considerar a la Argentina como “país confiable”.-
Todas inspiradas en los principios liberticidas de la “Patriot Act” sancionada luego del atentado del 11 de septiembre, venía siendo insistentemente reclamada por Estados Unidos, justamente el país que con su política de “guerra preventiva” es el que mayor terrorismo ha sembrado en el planeta.
La primera Ley, que agrega al Código Penal los artículos 213, ter y quater y modifica las leyes 25.246 y 25.241, crea una nueva figura penal denominada “Asociación ilícita terrorista”.-Sanciona con absurdas y graves penas de 5 a 20 años a quien tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, encuadrándose en tener un plan de propagación del odio étnico, religioso o político: estar organizado en redes internacionales y disponer de armas de guerra, explosivos o bacteriológicos.
Contraviniendo elementales principios en materia penal los legisladores han configurado una tipificación laxa o indefinida, a través del verbo polisémico “aterrorizar”, por lo que el abanico de posibilidades para caer dentro de esta figura es de peligrosa y cuestionable amplitud, lo que apareja una gran inseguridad.-.
Este grado de ambigüedad que contiene la ley plantea el peligro de que pueda ser utilizada y convertida en una herramienta legal que, limite o de cualquier modo restrinja las libertades públicas, penalizando a personas u organizaciones sociales que nada tienen que ver el terrorismo.
Por ejemplo bien puede caer bajos los efectos de la norma la conducta de aquellos que participaran de una movilización exigiendo al gobierno un mayor presupuesto educativo de salud si en ella se cometieran delitos comunes que pudieran ser considerados eficientes para “aterrorizar”. O en contra del pago a organismos financieros internacionales. O si un grupo gremial perturbara los servicios de un aeropuerto, si ese acto pone en peligro la seguridad.
Este peligro se potencia si tenemos en cuenta que la ley amplía las facultades en materia de inteligencia para recabar y calificar información acerca de individuos u organizaciones, mediante la utilización de informantes, agentes encubiertos y arrepentidos.
También amplía las facultades de la Unidad de Información Financiera, hasta el extremo de permitirle la confiscación preventiva de los fondos de las organizaciones populares.
Aun cuando Diputados para acotar la grave amplitud del proyecto de la Presidente Fernández se vio obligado a expresar que quedaban a salvo los hechos de protesta social y emanados del ejercicio del derecho constitucional no hay ninguna garantía que esta ley no se aplique a las protestas sociales, porque aun cuando no se lo diga explícitamente la finalidad de la ley no es otra que el control y el disciplinamiento social.
Sin embargo y por la dudas la ley se sancionó. Por otra, es bueno recordar que las leyes no son neutras y sus efectos se notan cuando se aplican y que en nuestro país quienes la aplican son jueces con fuerte vinculación con el poder político, por lo que no ofrecen muchas garantías. En ese contexto no puede ignorarse las cerca de 5.000 personas sometidos a la acción de la justicia por cuestiones de carácter social, no obstante el compromiso que asumiera el gobierno en sentido contrario.
Nuestro país registra tres graves atentados terroristas en los últimos años, Embajada de Israel, AMIA y Río Tercero, totalmente impunes a la fecha. La forma más efectiva y concreta de combatir el terrorismo sería esclarecerlos; para lo cual es necesaria la voluntad política hasta ahora faltantes.
Esta ley -verdadera espada de Damocles para quienes cuestionen “el modelo”- pone en serias dudas cual es el real compromiso del gobierno con los derechos humanos que tanto proclama defender.
FESPROSA se suma a las voces de quienes desde los organismos de derechos humanos, la politícele movimiento obrero y la intelectualidad llaman a movilizarse contra una ley que pone en peligro garantías y derechos ciudadanos que no han sido regalos de nadie sino el fruto de luchas y padecimientos del pueblo argentino.-
Jorge Yabkowski Presidente
Noemí Alemany Secretaria de DDHH, Genero y Ética Profesional – FESPROSA
LA CONFIRMACIÓN DE LA MULTA A GLAXO ES IMPORTANTE PERO INSUFICIENTE
NO HAY UNA LEGISLACIÓN NACIONAL QUE REGULE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
Dice John le Carré en el epílogo de su novela «El Jardinero Fiel» (llevada al cine con el protagonismo de Ralph Fieness) «…al adentrarme en la jungla de la industria farmacéutica llegué a la conclusión de que mi relato, comparado con la realidad, era tan inocuo como una postal de vacaciones”. Quienes hayan leído el libro o visto la película recordarán el tendal de muertos y enfermos que deja una investigación sobre una nueva droga en los barrios pobres de Nairobi.
Para quienes piensan que eso ocurre solo en África tenemos que decirles que no es así. Los bebés muertos en Santiago del Estero, que denunciáramos en el 2007, fueron apenas la punta de un iceberg de corrupción y manipulación que incluyó al Ministro de Salud de la Provincia Dr. Smith, al Gobernador Zamora que avaló ese estudio con decretos gubernamentales, al jefe principal del equipo investigador, el Dr. Tregnaghi, que expulsado de Córdoba por el entonces intendente Juez y sus equipos de salud (los Dres. Jiménez y Barri) recaló en la provincia norteña donde, a cambio de los jugosos euros de la multinacional Glaxo, cometió toda clase de tropelías contra la ética de la investigación. Inventó consentimientos de pacientes analfabetos, amenazó a madres que no iban a los controles, impidió que los médicos del Hospital de Niños atendieran a los pacientes bajo protocolo, falleciendo varios con retardo de la atención. Lo dijimos en el 2007 y como FESPROSA denunciamos los casos ante la ANMAT, financiando con dineros sindicales el viaje a Buenos Aires de los familiares damnificados. Tregnaghi nos hizo juicio por calumnias e injurias y lo perdió. Glaxo intentó reunirse con nosotros, invitación que rechazamos prolijamente.
Hoy el juez Aguinski confirma la multa, resultado de esa investigación de la ANMAT. Pero Argentina sigue sin ley nacional de investigación biomédica. No hay figura del código penal que castigue a los investigadores inmorales, a sus financiadores y protectores políticos. Glaxo ganará con la vacuna el valor de cien mil multas. Y los culpables de usar a nuestro niños pobres como conejitos de indias ni siquiera pasarán por un juzgado.
Esa es otra deuda de la democracia argentina.
RESOLUCIONES DE LA CONDUCCION NACIONAL DE LA CTA
Rosario 20 de diciembre
• «Construir una Jornada Nacional de Lucha para abril y un Paro Nacional para mayo o junio del año 2012 con el objeto de profundizar nuestro debate de cara a nuestro pueblo y en defensa de nuestros derechos indelegables como clase trabajadora.
• Llevar a cabo entre el 28 y 30 de junio un Seminario Internacional sobre “Prácticas y Pensamientos Emancipatorios en el Siglo XXI” que nos permita construir sobre nuestra propia práctica el andamiaje filosófico de nuestras definiciones políticas en los distintos aspectos que hacen al sujeto social y modelo de sociedad más justo y soberano.
• Impulsar el trabajo hacia la Constituyente Social para garantizar las asambleas en todo el país durante el 2012. Encomendar a la Secretaría de Relaciones Institucionales la relación con las distintas fuerzas del campo popular que puedan impulsar la Constituyente Social.
• Declarar año 2012 como el año de la «Lucha por la Libertad y Democracia Sindical», delegando la concreción de un calendario de actividades al respecto a la Secretaría Gremial.
• Impulsar la Jornada de Formación en la primera quincena de marzo sobre la «Ley de Riesgo del Trabajo» y convocar a la Movilización Nacional del 28 de abril por el mismo tema.
• Realizar el Encuentro de Trabajadores de la Educación en la CTA la primera quincena de febrero para tratar, entre otras cosas, iniciativas sobre la Ley de Educación Superior.
• Realizar un Encuentro de Trabajadores del sector Privado para el segundo trimestre del 2012.
• Realizar un Encuentro de Organizaciones Territoriales antes del 30 de marzo, que nos permita unificar un criterio político de acción nacional y encarar el debate sobre la tierra, los servicios públicos, la vivienda y el hábitat en su conjunto, a fin de establecer una estrategia de lucha nacional.
• Reunir a los Diputados Nacionales de la CTA en fecha próxima, para debatir, coordinar y resolver en conjunto una estrategia nacional de acción hacia los poderes legislativos en general».
EL ENRE Y EL MUNICIPIO DE BERAZATEGUI AMENAZAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN
CARTA ABIERTA
Los abajo firmantes expresamos nuestro repudio al avasallamiento de los derechos de participación ciudadana a la que son sometidos los vecinos afectados por la instalación de la Subestación Rigolleau.
Nuevamente el ENRE (Ente Nacional de Regulación de la Electricidad) ha demostrado que no está dispuesto a dialogar con los vecinos afectados y a quienes se les comprometió la realización de un espacio de diálogo, llevando adelante un encuentro que pretendidamente llamaron FORO debate, decidiendo ellos unilateralmente día, hora y lugar de realización, y acordando esto con el Ejecutivo Municipal, desconociendo los días y lugares sugeridos por los vecinos para poder garantizar la participación de los mismos.
En paralelo con este engaño al cual se somete a la población de Berazategui, el actual intendente municipal Patricio Mussi, declaró públicamente que en marzo estará funcionando la subestación Rigolleau, mientras los vecinos advierten que esto generará diversos tipos de enfermedades en la población lindera, y sobre todo en los niños. El Intendente y el ENRE no pueden tapar el sol con las manos. No quieren que los vecinos discutan los resultados de prestigiosos trabajos epidemiológicos internacionales que muestran cómo campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas (ELF), iguales o superiores 0,3-0,4 microteslas, aumentan en 1,7-2,0 veces la probabilidad de leucemias en niños expuestos. Tanto la estación transformadora, que crearía campos magnéticos superiores 5,5 microteslas, como los tendidos asociados de líneas de alta tensión, que crearán campos magnéticos superiores a 0,3 microteslas en una amplia y habitada franja urbana, conforman una amenaza ineludible para la salud de las personas.
ENRE y Municipalidad parecen ignorar que los campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas fueron clasificados como «posibles cancerígenos humanos» (grupo 2B) por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), un organismo situado en Lyon (Francia) que trabaja junto a la OMS. Olvidan también que en Argentina rige el Principio de Precaución por el imperio del Artículo 4° de la Ley Nacional de Ambiente 25675.
Sabemos que el tema está en debate en el mundo y pretendemos que en nuestro país se replique ese debate en forma genuina, con quienes padecen estos efectos y quienes desde su lugar de ciudadanos preocupados por su salud, se han visto obligados a estudiar en estos años sobre el tema, como forma de defender su derecho intransferible a LA VIDA.
Los vecinos organizados en la “Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la Vida», hace 7 años que resisten la instalación de esta subestación en el casco urbano de Berazategui contando con estudios nacionales e internacionales que advierten sobre los daños a la salud que produce el electromagnetismo en exposición crónica e intensiva.
Los vecinos y organizaciones sociales que los acompañan exigimos la promulgación de una ley sanitaria que contemple el impacto que los problemas ambientales de este tipo generan en la vida de la población.
Los vecinos y organizaciones sociales que los acompañan solicitamos ser escuchados en forma real y genuina por las entidades de Gobierno nacional, provincial y municipal pertinentes, y denunciamos que las mismas no se han dignado a debatir con quienes están realmente afectados por este proyecto, en una demostración de importante restricción a la participación ciudadana que promueven los tratados internacionales sobre derechos sociales, políticos y culturales que forman parte de nuestra Constitución Nacional.
Los vecinos organizados en la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la VIDA reclaman:
– TRASLADO YA de la SUBESTACION RIGOLLEAU a zonas no pobladas.
– Evitar que el tendido de líneas de alta tensión expongan a la población a valores de campos magnéticos iguales o superiores a 0,3 microteslas.
– Ley sanitaria que evite los daños a la salud ocasionado por problemas ambientales a causa del electromagnetismo.
Berazategui, diciembre de 2011
* Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la VIDA
* Madres de la Luz por la Vida de la Asamblea de vecinos Autoconvocados por la Vida.
* Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de Berazategui
* Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente.
* Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Berazategui.
