Declaración de CICOP
No a la reforma laboral
Ni un derecho adquirido menos
El gobierno nacional, buscando aprovechar el resultado electoral, lanzó un paquete de medidas que con el rótulo de “reformas” pretende producir profundos cambios estructurales en las áreas laboral, previsional e impositiva, con una estrategia común: beneficiar a los sectores empresariales y retirar derechos adquiridos por lxs trabajadorxs y sectores populares. Esta verdadera contrarreforma se complementa con una profundización del ajuste a las provincias vía el nuevo pacto fiscal, a los estatales con la llamada “modernización” y con las reformas educativa y sanitaria (CUS). Una nueva y cualitativa transferencia de recursos hacia las corporaciones, los sectores de la economía concentrada y los organismos financieros externos.
La reforma laboral/previsional/tributaria es parte de un paquete legislativo único. Con los falaces argumentos de “bajar el costo laboral” de las patronales, generar empleo y terminar con la “industria del juicio”, abarata los despidos, fomenta la precarización y las tercerizaciones, pretende liquidar el fuero laboral y arrasar con conquistas históricas de lxs trabajadorxs contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo y los convenios colectivos. Un retroceso en materia laboral de casi un siglo.
El proyecto definitivo que esta semana comenzaría a tratarse en comisiones en el Senado, tiene el aval del triunvirato de la CGT, quienes negociaron sin la menor consulta a lxs trabajadorxs y con la garantía del blindaje del modelo sindical actual y fondos de las obras sociales.
Si bien retiraron algunos de los aspectos más leoninos (el cambio del concepto de trabajo que igualaba al patrón con el obrero, el banco de horas que anulaba el concepto de hora extra y recolocaron las horas extras en el cálculo indemnizatorio), el carácter reaccionario del proyecto continúa y amerita que reclamemos su rechazo global. No hay ninguna “mejora” en un proyecto globalmente regresivo.
Cabe mencionar solo algunas de sus medidas paradigmáticas:
– Cambia la base de cálculo de las indemnizaciones, reduciendo su monto cualitativamente y habilita la creación de un fondo de despidos donde aporta el/la trabajador/a. El efecto es indudablemente un abaratamiento de los despidos.
– Fomenta el trabajo precario al impulsar las tercerizaciones, contratos basura de nuevo tipo (pasantías no retributivas, trabajador autónomo dependiente), institucionaliza el empleo de monotributistas, libera a la empresa de responder por las contratistas y reduce o elimina penalizaciones por fraude laboral.
– Valida la negociación a la baja individual, anulando la irrenunciabilidad a los derechos adquiridos; habilita al cambio unilateral de las condiciones de trabajo por parte de las patronales.
– El cálculo de la jornada laboral deja de ser diaria y pasa a ser anual y las patronales podrán aumentarla a diez o más horas.
– Ataca la libertad sindical y el derecho a la agremiación, al facilitar la baja de las organizaciones que no avalen al poder de turno.
– La reforma tributaria es regresiva, disminuyendo o eliminando aportes de los empresarios, tales como las contribuciones patronales, ingresos brutos, etc. La diferencia fiscal va a ser aportada por lxs jubiladxs.
– La reforma previsional, por ello, es un retroceso de calidad. Se modifica la limitada ley de movilidad que existe actualmente, reduciendo el monto jubilatorio. Para cada jubilado significará una caída de 10 puntos del monto a percibir en 2018. Para las arcas fiscales implicará una transferencias de 120 a 140.000 millones de pesos que salen de los fondos del sistema solidario de jubilaciones, desfinanciándolo. Es el primer paso de una reforma que, de aplicarse, pretende cubrir el déficit que se genera en el ANSES, cambiando la base de cálculo de las jubilaciones, prolongando la edad jubilatoria, así como afectando también las asignaciones familiares.
Son botones de muestra de un proyecto que implica un retroceso de casi un siglo en materia de conquistas jalonadas con la lucha de generaciones de trabajadorxs. Es, a todas luces, inconstitucional y violatorio de toda la normativa del trabajo y los convenios de la OIT.
Sin lugar a dudas, este cambio de paradigma, no es solamente para el sector privado. Se reflejará en todos los ámbitos del trabajo y, en el caso de nuestro sector, se imbrica con el ajuste fiscal, el endeudamiento, la baja de presupuestos, la “modernización” del estado, la pretendida la reforma sanitaria (CUS) y los proyectos de armonización del IPS con el ANSES.
Desde CICOP, además de sumar nuestro rechazo al que se comienza a generar en los lugares de trabajo y a traducir en algunas encuestas nacionales, estamos convencidos de la necesidad de lograr la mayor unidad de acción de todos los sectores que se oponen a la reforma. Reclamamos a lxs legisladorxs que no la voten y respeten los derechos adquiridos. Han comenzado a realizarse reuniones intersectoriales, así como plenarios intergremiales en diversos lugares de la provincia y del país, señalando la necesidad de la unidad. Es menester unificar las distintas resoluciones de movilización y medidas de fuerza en un mismo plan de acción gremial. En épocas anteriores logramos enfrentar con éxito medidas de ajuste cuando logramos movilizarnos en unidad. Bregamos por avanzar en esa dirección.
