El Congreso de Delegadxs que sesionó el viernes 27 de abril decidió por amplia mayoría la realización de medidas de fuerza para las próximas dos semanas. Como resultado de la falta de convocatoria a la paritaria de la Ley 10471 a pesar de haber terminado el cuarto mes del año, debido a la grave crisis sanitaria que afecta a trabajadorxs y población, así como por la inadmisible ausencia de respuestas de parte de las autoridades, la definición de parar y manifestar públicamente nuestras demandas es, por sobre todo, un ejercicio de compromiso consecuente con la defensa de la Salud Pública.
Mientras lxs funcionarixs ministeriales siguen sin asumir sus responsabilidades, sometiéndose a decisiones centrales en las que se privilegia sólo una visión economicista que nada tiene que ver con el sostenimiento de un sistema de Salud que brinde respuestas a las necesidades sanitarias, CICOP no está dispuesta a que los hospitales y centros de salud públicos subsistan en situaciones penosas. Con eje en los salarios y las condiciones laborales, las asambleas seccionales se pronunciaron por retomar paros, acciones regionales y movilizaciones que expresen con la mayor contundencia posible la adversa coyuntura actual.
En esa línea, se decidió un Paro activo de 24 horas con acciones locales – con actividades ya pautadas en Paroissien, Belgrano, Eva Perón y hospitales de Avellaneda – para el jueves 3 de mayo y un nuevo Paro de 24 horas para la semana siguiente, con fecha y movilización a consensuar con las organizaciones dispuestas a construir una acción común. Se valoró positivamente la unidad alcanzada con docentes, estatales y judiciales en la carpa del 27 de marzo y el Paro conjunto con la marcha a la Gobernación del 5 de abril, renovándose las mociones de articulación para las semanas venideras. Observamos que las medidas que cada uno de los sectores realizó por separado luego de las acciones conjuntas fueron de menor envergadura y repercusión, por lo que el Congreso volvió a promover fuertemente que las manifestaciones sean preferentemente unitarias, sin perjuicio de llevar a cabo también iniciativas propias.
La Salud en los últimos peldaños de la agenda del Gobierno
La Salud sigue ocupando uno de los últimos lugares en la agenda del Gobierno provincial. Lamentablemente, venimos padeciendo esta cuestión desde hace bastante tiempo. Pero las deficiencias se han agudizado bruscamente en los últimos años, con grandes dificultades para conseguir personal profesional y servicios que funcionan con muchas menores posibilidades que las que debieran tener. Los muy bajos salarios y las malas condiciones laborales provocan que no sea apetecible ingresar o permanecer en el sistema público bonaerense, con la consiguiente afectación en la calidad de las prestaciones.
En la paritaria de nuestro sector del año 2017 se acordaron varias temáticas que luego no fueron cumplidas por el gobierno de María Eugenia Vidal. La interrupción del proceso de pases a planta de lxs becarixs, la vuelta atrás de la propuesta de reglamento para el funcionamiento de las residencias –que otorgaba derechos a lxs residentes que siguen confiscados -, la falta de abordaje de las cuestiones relacionadas con Violencia e Infraestructura, manteniendo decisiones autoritarias y sin consenso que no contribuyen en nada a evitar malestares en la tarea cotidiana, son parte de sus incumplimientos flagrantes.
Un párrafo aparte merece nuestra problemática previsional. Luego de años de estudios e investigaciones, acompañados de medidas y acciones para concretarlo, en 2015 se firmó el decreto de Desgaste laboral para lxs trabajadorxs de la Salud, conquista que daba cuenta de la lucha sostenida y que hacía especial hincapié en la prevención de la afectación de la salud de los mismos. El compromiso de convocar una Mesa Técnica con todos los estamentos involucrados en la definición de su correcta aplicación no se ha realizado, manteniendo una situación de incertidumbre acerca de la norma y, fundamentalmente, la persistencia de los riesgos psicosociales que su no implementación trae aparejado.
Ajuste que afecta la Salud Pública
La situación social y económica de gran parte de la población no mejora. La inflación en curso, el aumento incesante del costo de vida, el incremento de las tarifas, el nuevo impulso a la reforma laboral – ahora fraccionada, pero incluyendo la agencia de evaluación de tecnologías médicas – son, entre otros, elementos que constituyen la aplicación de un modelo de ajuste que tiene a lxs trabajadorxs como principales destinatarios. La reducción de los presupuestos en las áreas sociales, una clara expresión de las políticas en curso, manifiesta la direccionalidad del rumbo decidido. En el mismo sentido, la continuidad de despidos en diversas dependencias estatales –con el hospital Posadas como estandarte en la Salud Pública – connota un cuadro de situación que no se detiene y que incluso parece profundizarse.
En la última semana, expresando esa línea trazada, se han producido despidos en el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), área de control sanitario de los alimentos que asegura desde el Estado su calidad e inocuidad. En una política que intenta flexibilizar programas para el control de enfermedades y plagas, promoviendo tercerizaciones que generen más ganancias para el sector privado y poniendo en serio riesgo su capacidad para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, se genera un nuevo detrimento en la alicaída Salud Pública. Un ejemplo más de decisiones que van en sentido contrario a las necesidades de la mayoría de la población.
Resoluciones del Congreso
– Ratificar el pliego de reclamos.
– Paro Activo de 24 horas el jueves 3 de mayo con acciones locales y/o regionales.
– Paro Activo de 24 horas en la semana siguiente, con movilización central. Fecha y características de la medida a confirmar en función de la articulación con otros gremios estatales.
– Pasar a cuarto intermedio el Congreso de Delegadxs.
