Desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) repudiamos enérgicamente la persecución por parte de la justicia salteña hacia la compañera médica residente del Hospital Juan Domingo Perón de la localidad de Tartagal, provincia de Salta, Miranda Ruiz.
La profesional, cumpliendo con el marco normativo vigente de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y atención post-aborto, acompañó como parte de un equipo interdisciplinario a una mujer durante la realización de esta práctica en el mes de agosto del año 2021.
La Dra. Miranda Ruiz se encuentra dentro del programa de residencias de dicho hospital, formando parte de un programa de capacitación en servicio, bajo una constante supervisión, y tanto la atención como las prácticas que devienen de la misma las realiza como integrante de un equipo de salud.
En el marco de sus actividades asistenciales, acompañó una situación de interrupción legal del embarazo junto con el equipo de salud, actuando acorde al marco normativo que brinda el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Se cumplió con el protocolo ejerciendo transparencia activa, respetando la autonomía de la persona que solicitaba la práctica, respetando la Ley de Derechos del Paciente (Ley Nac. 26.529) y con la constancia de causales tal como lo determina dicho protocolo.
La justicia salteña, parte de una sociedad patriarcal y antiderechos, en connivencia con los medios de comunicación, desconoce los alcances de las normativas vigentes, focalizando su persecución sobre una médica residente, en situación de precarización laboral, integrante de un equipo que garantizó el derecho a una mujer que había decidido llevar adelante una interrupción voluntaria del embarazo.
Esta maniobra es reflejo de una forma de amedrentar y disciplinar a aquellxs profesionales que acompañan a las mujeres y personas gestantes en el acceso al aborto legal.
- Exigimos el sobreseimiento de Miranda. Luego de años de lucha gritamos muy fuerte una vez más que el aborto es legal, las mujeres y disidencias tienen derecho decidir sobre su propio cuerpo y los profesionales de la Salud deben garantizarlo.
- Seguimos organizándonos para que los sistemas de residencia de las distintas jurisdicciones reconozcan el rol fundamental de lxs trabajadorxs en formación y se garanticen todos los derechos laborales con medidas de seguridad sobre su integridad física-psíquica y prácticas como profesionales de la salud con el acompañamiento correspondiente, siendo parte del proceso de construcción de un sistema de salud público, gratuito, de calidad, integral, interseccional y con perspectiva de género para todxs.
Consejo Directivo Provincial de CICOP
Febrero 2022
