24 enero de 2024
Desde la Secretaría de política sindical de género, mujeres, diversidad y disidencias, en consonancia a la posición política de nuestro gremio, queremos pronunciar nuestra más profunda preocupación y rechazo al DNU y al proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso por el presidente Javier Milei.
Consideramos que es un intento de avasallar nuestra democracia, profundizar el ajuste económico con una implementación de un modelo liberal extractivista, con la privatización de nuestras empresas estatales y la venta regalada de nuestros recursos naturales (tierras, litio, aguas, petróleo, etc), rifando así nuestra soberanía y el medio ambiente. Un modelo político económico que implica medidas regresivas para todos los derechos conquistados por el pueblo, no sólo en términos laborales y económicos, sino también en lo vinculado a derechos humanos y en materia de género.
Queremos resaltar, como bien lo ha demostrado nuestra historia, que en todas las crisis, sea cual sea la misma, económica, social, cultural, entre tantas; quienes más se ven afectadxs y la sufren con mayor intensidad son las mujeres, diversidades y las infancias, el sector más oprimido y vulnerado de las sociedades.
Somos nosotras y nosotres quienes vamos a sufrir más el impacto de la política de ajuste que viene impulsando el gobierno de Milei, profundizando así aún más las desigualdades de género y el patriarcado.
Cabe destacar el agravante que es el mismo gobierno, es el mismo Milei, quién sostiene que no existe brecha de género, quién con sus discursos de misoginia y odio a las diversidades desconoce nuestros derechos y conquistas.
Las mujeres y disidencias tenemos menor tasa de empleo y más precario, con ingresos y salarios que son 3 veces menos que los de los varones; sin contar al colectivo trans, travesti y transgéneros quienes gracias a Ley de cupo han incorporado al trabajo formal a más de 955 personas, pero que aún faltan 5551 para cumplir con el cupo establecido.
Esta condición de desfavorabilidad laboral y económica, negada por el gobierno actual, se agravará drásticamente con la situación de crisis instaurada actualmente en la Argentina.
Es central destacar que la desregulación de la economía con la anulación de leyes tales como la de Alquileres, Abastecimientos, Góndolas y Promoción Comercial para la Actividad de los Supermercados; y la «Emergencia enérgetica» declarada por el gobierno actual, lo único que genera es el aumento de tarifas y la reducción de los subsidios en la luz, gas y el transporte.
Estamos hablando de todas medidas que afectan y menoscaban derechos humanos como son la vivienda, la alimentación y los servicios básicos. Teniendo en cuenta que el 30% de los hogares son monomarentales, sostenidos mayoritariamente por mujeres o identidades feminizadas, vemos una vez más como estas medidas de ajuste económico impactan sobre los sectores más empobrecidos, y aún más crudamente sobre las mujeres y diversidades.
El colectivo feminista y transfemisnista viene desde hace décadas constuyendo una agenda que es amplia, diversa y plural. Una agenda que levantó consignas universales que nos permitieron conquistar derechos vulnerados como el trabajo formal, el voto femenino, el divorcio, paridad en la listas electorales, la ley de cupo laboral travesti-trans, licencias parentales ampliadas y con perspectiva de género, licencias por violencia de géenero, la Ley Micaela, la salud y educación sexual, el aborto seguro y legal ante un embarazo no intencional, entre algunas por nombrar.
Sabemos que aún falta avanzar, no sólo en la implementación plena de las leyes conquistadas sino también en derechos que aún son vulnerados, pero lo que implica el DNU y el proyecto de Ley Ómnibus es un marcado retroceso en cuanto a los derechos de las mujeres y disidencias, y aún más profundo es poner en discusión temas que la sociedad luego de décadas de análisis y debates había consensuado y avanzado socialmente.
La falta de perspectiva de género se evidencia ya desde la redacción de todo el texto del proyecto de ley , en donde sólo se refieren a la mujer cuando se habla de la maternidad y de las tareas del hogar.
Analizando en términos específicos, en cuanto a modificaciones de leyes y normativas en torno a los derechos de las mujeres y disidencias, podemos destacar que la «Ley Ómnibus» aborda y propone modificaciones de dos leyes esenciales: la Ley Nro. 27.611 “Mil Días y de la Ley Micaela, Ley 27.499 promulgada en 2009. Plantea un cambio en determinados concepto generales que hacen a la esencia de las las mismas, con lo que implica un grotesco y repudiables retroceso en cuanto a derechos de las mujeres y disidencias que no serán aceptados ni avalados; y apelamos al congreso que no lo convalide.
Una de las leyes que modifica es la Ley Nro. 27.611 “Mil Días” que originariamente tenía como objetivo proteger, fortalecer y acompañar el cuidado integral de la vida y la salud de las personas gestantes y las niñas y los niños en sus primeros 3 años.
Plantean una modificación desde el primer artículo de la ley, reduciendo los sujetos de la misma a “las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años”.
También se reemplaza la nominación de «personas gestantes» -en el original- por «madres embarazadas», y sustituye el artículo 18 de la ley, cambiando el concepto de violencia por motivos de género por el de “violencia intrafamiliar”.
Crea además un nuevo capítulo denominado “Política Pública de Detección y Asistencia a las Madres Embarazadas y sus Hijos por Nacer”, que tiene por objetivo volver a la vieja doctrina de la defensa de la vida desde la concepción y re discutiendo las bases de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo sancionada en el año 2020. Ley que ha demostardo en estos últimos años el impacto en términos de salud pública, mostrando un descenso en los índices de embarazo adolescente y de las muertes por abortos clandestinos; una ley que implica el derecho a la autonomía sobre nuestras vidas y cuerpos, y el derecho a la salud .
La Ley Micaela, fruto de la lucha feminista-transfeminista y de la familia de Micaela, es la que hoy se quiere poner también en discusion y modificar en términos regresivos. Esta Ley estableció la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La Ley Ómnibus no sólo modifica un concepto central que es el abordaje de los distintos tipos de violencias como “temática de género y violencia contra las mujeres” por el de “violencia familiar y contra la mujer”; sino el alcance de la misma, ya que el artículo 1 establece que ya no deberán capacitarse todxs lxs trabajadorxs, sino quienes se desempeñen «en los organismos competentes en la materia».
En consonancia con estas medidas impulsadas en la Ley Ómnibus, y la decisión política de bajar de rango al Ministerio de Mujeres, Géneros y diversidades por el de una secretaría, existe un claro retroceso en el reconocimiento de la brecha de género y la necesidad e importancia de contar con presupuesto para construir y fomentar políticas con perspectiva de género, que logren avanzar hacia una sociedad más justa, libre y equitativa.
En este sentido, queremos denunciar que aún esta subsecretaría no tiene designada autoridad para encarar la cartera y que programas de marcada relevancia, para la contención y abordaje de las violencias por razones de género, se encuentran frenados, a lo que se le suma que en las últimas semanas cerca de 70 compañeres que han sido despedidxs sin justificación, lo que genera mayor preocupación en torno a la continuidad de programas de prevención y promoción de la igualdad.
Todo lo expresado anteriormente son algunos ejemplos de un proyecto para desmantelar los derechos conquistados conjuntamente con la lucha del movimiento feminista y transfeminista, en un contexto de brutal devaluación que empobrece y vulnera especialmente a las mujeres, disidencias e infancias; profundizando así la feminización de la pobreza y la vulnerabilidad.
Por último, no podemos dejar de expresar nuestro más profundo rechazo al discurso pronunciado por el actual presidente de Argentina, Javier Milei, en el Foro Económico Mundial. Una vez más lo escuchamos con un discurso de odio y menosprecio hacia las mujeres , disidencias y a todes a quienes luchan por los derechos humanos y por una sociedad más justa e igualitaria.
Su posición misógina y negacionista de género es repudiable, así como su desinformación y desconocimiento del impacto en términos de derechos que implican las leyes conquistadas con la lucha feminista y transfeminista.
La agenda feminista está mas vigente que nunca. Necesitamos de manera urgente políticas que protejan a las personas en situación de violencia por motivos de género, que promuevan en diversos ámbitos una sociedad sin violencia hacia las mujeres, diversidades, niñxs y adolescentes, y para ello la implementación plena de la ESI es fundamental.
Ampliar la red de atención de la salud a las personas víctimas de esta violencia con apoyos económicos para que puedan desarrollar una vida con más autonomía junto con la reducción de la brecha salarial existente.
SECRETARÍA DE POLÍTICA SINDICAL DE GÉNERO, MUJERES, DIVERSIDAD Y DISIDENCIAS
