2 de junio de 2025
Rechazamos el DNU 366/2025 que modifica la Ley de Migraciones y otras normas fundamentales sin debate democrático, vulnerando derechos conquistados y señalando injustamente a las personas migrantes como responsables de los problemas del país.
Organizaciones de migrantes, de derechos humanos, académicas y de la sociedad civil firmamos este comunicado en defensa de los principios democráticos, la división de poderes y los derechos humanos conquistados por la sociedad en su conjunto.
La Ley de Migraciones N° 25.871, sancionada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso en el año 2003, fue el resultado de un proceso democrático ejemplar. Durante más de tres años, se debatió con la participación de todos los partidos políticos y un amplio abanico de actores sociales, entre ellos organizaciones migrantes, de derechos humanos, académicas y de la sociedad civil. En contraposición a ese espíritu democrático y plural, el actual gobierno ha decidido modificar este marco normativo por decreto, sin discusión parlamentaria, recurriendo a un instrumento excepcional que en este caso resulta inconstitucional y repudiable.
El DNU 366/2025 está sustentado en considerandos plagados de prejuicios, falacias, estadísticas manipuladas y proyecciones alarmistas sobre hipotéticos riesgos futuros. Lejos de justificar su carácter de “necesidad y urgencia”, el decreto constituye una clara violación al principio de división de poderes establecido en la Constitución Nacional. En un contexto institucional pleno, sin emergencia legislativa ni imposibilidad de debate parlamentario, la vía del DNU representa un avasallamiento de las facultades del Congreso y de las formas propias de la democracia representativa.
Este decreto pone en riesgo la estabilidad de miles de familias migrantes. Se convierte en una herramienta peligrosa que puede habilitar el apriete, la persecución y la explotación, al dejar a quienes migran en una situación de mayor vulnerabilidad legal y social.
Recordamos que cualquier revisión del sistema normativo en materia migratoria debe respetar el principio de progresividad de los derechos humanos y garantizar la participación activa de los sectores involucrados.
En un contexto de severo ajuste del presupuesto público y de desmantelamiento del acceso universal y gratuito a derechos fundamentales, se apunta con el dedo a las personas migrantes como chivo expiatorio. No es casual que, en paralelo al recorte de recursos esenciales, se pretenda instalar un discurso que responsabiliza a las personas migrantes por el colapso de servicios públicos que el propio gobierno está desfinanciando. Esta narrativa no sólo es injusta, sino profundamente discriminatoria y funcional a un modelo de exclusión en el que se promueven barreras de acceso a derechos en función de la nacionalidad o la capacidad económica. La criminalización de quienes migran encubre los efectos reales de las políticas de ajuste y reproduce una lógica peligrosa de fragmentación social.
Migrar no es un delito. Migrar es un derecho. Defenderlo, una responsabilidad colectiva.
Adhieren:
Centro de Estudios sobre Teorías Críticas y Prácticas Emergentes en América Latina (CETCyPE, FCPyS UNCUYO).
Observatorio de Derechos Humanos, Universidad Nacional de Río Cuarto.
Programa “Estudios Latinoamericanos Críticos de Migración y Fronteras”, CEA-UNC.
Programa “Migraciones, Políticas y Desigualdades en perspectiva interseccional”, CIECS (CONICET-UNC).
Proyecto de investigación “Políticas locales de migraciones y fronteras en Argentina, en los últimos diez años”, Universidad Nacional de Villa María.
Proyecto de extensión universitaria “Migración y Derechos Humanos: Acompañamiento junto a Personas en contexto de movilidad humana desde un enfoque territorial, integral, interseccional e intercultural”, FCSyTS-UNMDP.
Área de Estudios Interdisciplinarios en Educación Aborigen y Cátedra Abierta Intercultural de la Universidad Nacional de Luján.
Programa de vinculación sobre Migración, Movilidades e Interculturalidad en la Región andina de la provincia de Río Negro (PVE- Migración- UNRN).
Mesa Intersectorial de Migraciones e Interculturalidad de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Asociación Estudiantes Ecuatorianos en Argentina.
Secretaría de Derechos Humanos de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) – Secretaría de Derechos Humanos.
