EL PROBLEMA ES LA REALIDAD

Desde hace varias reuniones del Comité de Crisis central, CICOP viene reclamando la actualización del Protocolo de Atención de Coronavirus en los Centros de Salud, a partir de estar aún en vigencia una normativa del mes de abril que se contradice en varios aspectos con las adaptaciones a los nuevos conocimientos que se han ido adquiriendo con el desarrollo de la pandemia.

Como toda respuesta, desde la gestión de Regiones y Redes del Ministerio de Salud provincial se nos notifica la edición de un Boletín que difunde las actividades ministeriales relacionadas con lo territorial que, en su número 16, recomienda una serie de acciones para el seguimiento ambulatorio de pacientes sospechosos o confirmados de Covid-19, así como de contactos estrechos.

Más allá de la pertinencia de las recomendaciones que se consignen y la eventual necesidad de contemplar una mirada más amplia de las actividades a llevar a cabo por los Equipos de Salud, creemos que las buenas intenciones se diluyen cuando hacemos un mínimo análisis de lo que sucede en los efectores, todos ellos a cargo de los gobiernos municipales. Por otro lado, la escasa articulación con el segundo nivel de atención dependiente del gobierno provincial, no hace más que complejizar el escenario sanitario y territorial.

En el contexto actual de pandemia, el rol que el primer nivel podría tener sería de gran ayuda para la población y aliviaría también el colapso de los otros efectores. El rastreo de los contactos y la contención de las personas contagiadas ayudarían a disminuir la multiplicación de casos, las complicaciones de salud de los pacientes y de su grupo de convivientes.

Pero, lamentablemente, el deterioro que ha venido padeciendo la Salud en todas sus dimensiones tiene al Primer Nivel entre sus sectores más dañados. La ausencia de políticas que definan a la Estrategia de la Atención Primaria como centro de las acciones, promoviendo el fortalecimiento de los equipos territoriales en recursos, equipamiento y condiciones adecuadas, ha generado un menoscabo del que no se saldrá si no hay decisiones político-sanitarias que reviertan la situación actual.

Es allí donde tenemos los más bajos salarios, la mayor precarización laboral, grandes dificultades en la provisión de insumos y elementos básicos (como una línea telefónica para poder comunicarse), infraestructura deficiente y fuertes obstáculos para la organización sindical. Los intendentes municipales, poco afectos a diálogos basados en el respeto y el reconocimiento de lxs trabajadorxs como tales si no comulgan con sus necesidades, son los principales responsables de esas deficiencias.

Por ello, se hará muy difícil impulsar acciones que tengan que ver con un abordaje acorde con los requerimientos de este tiempo si no se subsanan las cuestiones más elementales. Sin personal, sin la información adecuada en tiempo y forma, sin comunicación, será imposible desarrollar una estrategia que pueda intervenir articuladamente en el sistema y que tienda a abordar con capacidad de resolución los problemas de salud de la población.

Va siendo hora de pensar en propuestas de salud integrales, que involucren a todos los niveles de atención y que doten a cada estamento de la tecnología apropiada para sus acciones. A la fragmentación en curso, crudamente reflejada en el contexto de la pandemia actual, habrá que enfrentarla con políticas universales. La responsabilidad de los Ministerios de Salud Nacional y de la provincia de Buenos Aires ante esta perspectiva es indelegable.