EN LA ERA “K” LA SALUD SIGUE ENFERMA
La implementación desde 1975 de políticas neoliberales, diseñadas por los organismos internacionales de crédito (FMI, Banco Mundial, BID, OMC), ha traído como consecuencia para nuestros pueblos un agravamiento de las situaciónes de miseria y exclusión.
En lo referido a las políticas de salud la misma O.M.S. ha ido cediendo terreno frente al FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, en lo que hace a fijar las grandes orientaciones de las políticas sanitarias de los estados. En ese marco, la salud ha dejado de ser un derecho humano para convertirse en un bien de mercado. Fue así que la promesa de “Salud para Todos en el año 2000” que la Organización formuló como consigna en 1978 se transformó en los hechos en “Salud sólo para quienes pudieran pagarla y enfermedades y muertes evitables para casi todos los demás”.
Una de las consecuencias de las orientaciones que predominan desde los noventa fue la progresiva deserción del Estado de su rol de garante del Derecho a la Salud.
El gobierno de Kirchner administra una Argentina de dos plantas, la de arriba, integrada por los concentradores de las riquezas, y la de abajo, por la amplia mayoría de nuestro pueblo: ocupados y desocupados, asalariados por debajo de la canasta básica, pobres e indigentes, clase media empobrecida. En dicho contexto de exclusión y marginación social, ratificamos que el hambre sigue siendo la primera enfermedad.
El Sistema Público de Salud podría, si se revirtiera su crónica crisis por desfinanciamento, contribuir a una más justa distribución de la riqueza. Pero para ello es imperioso modificar sustancialmente las políticas económico- sociales: dejar de pagar la injusta e inmoral deuda externa, y pagar la deuda interna, la deuda social: salud, educación, trabajo, vivienda, alimentación, vestimenta, acceso al agua potable, entre otros.
La matriz regresiva y excluyente del Sistema de Salud no ha cambiadoPero en lugar de políticas universales e integrales se sigue apostando a través de las llamadas políticas focales a una ingeniería para bajar los índices estadísticos más escandalosos, por caso el de Mortalidad Infantil, en algunos casos apelando a la mera manipulación estadística, ocultando que simultáneamente con el descenso de estos índices aun se mantienen insoportablemente altos niveles de pobreza e indigencia que tienen justamente a los niños como sus principales víctimas y que mientras esto sucede continúa aumentando la brecha entre los más ricos y los más pobres.
Los casos de desnutrición oculta, las secuelas del hambre sobre el desarrollo intelectual, las discapacidades resultantes de la mala alimentación, los efectos destructivos de la bolsita de pegamento o el “Paco” a los que nuestros pibes acuden como puerta de salida a una cotidianeidad insoportable o los índices de suicidio en adolescentes, no aparecen en las estadísticas más difundidas pero ello no implica que no existan. Ya Carrillo decía que frente a la miseria, las bacterias como causas de enfermedad eran unas pobres causas.
Hay quienes sostienen que el neoliberalismo quedó atrás, que ahora estaríamos en una nueva etapa. Que efectivamente, los noventa “fueron” los años de reducción del “gasto” público, de las tercerizaciones hechas en nombre de la eficiencia, de la “flexibilización” laboral en el sector salud, del achicamiento de las plantas de personal profesional y de enfermería cuando los despidos o la no cobertura de vacantes eran la regla, de la descentralización, que se propuso como una manera de democratizar las decisiones “acercando a la gente el lugar donde se tomaban las decisiones”, pantalla que sirvió para transferir responsabilidades pero no recursos desde el Estado Nacional a los estados provinciales y de éstos a los municipios. El resultado fue la fragmentación del Sistema de Salud lo que permitió avanzar en el proceso de “reformas” en aquellos lugares donde la correlación de fuerzas era más favorable a las políticas ajustadoras y privatistas.
Hay quienes creen que aquellos “fueron” los años en que el Estado dejó de regular el mercado de medicamentos (desde el comienzo de la convertibilidad, año 1991, hasta el año 2000, los precios de los medicamentos aumentaron entre un 144 y 156 %) e intervino, cada vez que fue necesario, para laudar en favor de los intereses de los mercaderes de la salud privada y sus socios de la burocracia sindical cegetista. Esa misma dirigencia sindical que recibió de parte del Estado generosos subsidios para sus cajas negras a cambio de permitir el saqueo del patrimonio de los argentinos y un retroceso nunca antes visto en las condiciones laborales y en los salarios de los trabajadores. Aquello hirió de muerte a las obras sociales sindicales: se sabe ni el trabajador desocupado ni aquel que está en negro aportan a su obra social. Las coberturas fueron reducidas una y otra vez y las trabas burocráticas para acceder a una prestación se multiplicaron al infinito.
NO PODEMOS COMPARTIR ESE OPTIMISMO: Lamentamos constatar que el Plan Federal de Salud adoptado por el Gobierno Nacional y respaldado una y otra vez por el presidente Kirchner, y las grandes orientaciones de política sanitaria que bajan desde el actual ministro de salud de la Nación no son, como se proclama, una continuidad de la herencia de Ramón Carrillo. Todo lo contrario: Se trata de la continuidad y profundización de las políticas inspiradas por el ideario neoliberal: el Plan Federal de Salud de Ginés González García no es otra cosa que la traducción al castellano de las políticas que propone el Banco Mundial para la Argentina en el área de salud. El Plan Federal de Salud busca avanzar en la transferencia de fondos públicos al sector privado mediante el mecanismo del seguro y promueve políticas focales (no universales). Está inspirado en la concepción de que la Salud no es un Derecho de ciudadanía sino una mercancía y por ello no dará respuesta satisfactoria a ninguno de los gravísimos problemas que hoy afectan la salud de millones de argentinos y que determinan diariamente las muertes evitables de nuestros pibes y los sufrimientos sin respuestas de nuestro pueblo.1) Implementar políticas sociales universales e integrales, que apunten a distribuir con mayor justicia la riqueza y que aborden y resuelvan la emergencia alimentaria que vive nuestro pueblo; en tal sentido planteamos en lo inmediato la instrumentación de:
a) Un Seguro de Empleo y Formación para las/os trabajadores desocupados que ponga por encima de la línea de pobreza a todos los hogares argentinos.
b) Una Asignación Universal para los menores de 18 años y una Asignación para todos los mayores de 65 años que no tienen cobertura previsional.
2) La creación de un SISTEMA NACIONAL DE SALUD GRATUITO, IGUALITARIO Y DE CALIDAD, ACCESIBLE A TODO AQUEL QUE PISE EL SUELO ARGENTINO, YA QUE HISTÓRICAMENTE ES LA ALTERNATIVA QUE HA DEMOSTRADO SER LA DE MAYOR EFICACIA SOCIAL.
ESE SISTEMA DEBE CONTEMPLAR MECANISMOS CONCRETOS DE CONTROL POPULAR QUE INVOLUCREN LA PLANIFICACIÓN, LA ASIGNACIÓN DE PRIORIDADES, EL CONTROL DE GESTIÓN, Y, EN GENERAL, PAUTAS QUE ASEGUREN UN FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO DEL SISTEMA.
La base estratégica para la construcción de ese sistema la constituyen el Sector Público conjuntamente con el PAMI y las Obras Sociales del Sector Público.
3) La inmediata aprobación de las Leyes Nacionales de Gratuidad del Sector Público de Salud y de Boleto Sanitario.
4) Aumento sustancial del Presupuesto Público Consolidado de Salud por medio de un Fondo de Emergencia duplicando la inversión global en salud desde el actual 2,5 % del PBI al 5 % del PBI.
5) Una política nacional de medicamentos basada en la producción estatal de genéricos, sueros y vacunas y su entrega gratuita en todos los centros de salud, tomando en cuenta las propuestas de la Multisectorial por la Producción Pública de Medicamentos.
6) Políticas que aseguren a toda la población el Derecho a un Medio Ambiente saludable. La sanción de leyes que penen severamente el delito ecológico sancionando tanto a las empresas que afecten el medio ambiente como a los funcionarios públicos del área que incumplan con su obligación de proteger ese Derecho.
7) Creación de servicios de prevención, detección precoz, estimulación temprana y rehabilitación en los efectores públicos de salud, que contribuyan a disminuir los índices de discapacidad o las consecuencias de la misma.
8) La despenalización del aborto, trabajando para que desde los ámbitos legislativos se pueda impulsar proyectos que reflejen todas las voces del movimiento social. Hacemos nuestra la consigna de “Anticoncepción para no abortar, aborto seguro para no morir”.
9) La financiación de la salud con las rentas generales del Estado Nacional y no con créditos internacionales que nos generan más deuda externa y limitan la autonomía en las decisiones nacionales.
SALUD: DERECHO DE TODOS Y DEBER DEL ESTADO
JUNIO DE 2006
El conflicto sanitario es expresión de una crisis sistémica
Los innumerables conflictos que durante 2005 y 2006 recorren todo el sistema público de salud del país, con medidas de fuerza y movilizaciones de los trabajadores de la salud porteños y de la provincia de Buenos Aires, Neuquén, La Rioja, Rosario, Córdoba, Salta, Catamarca, Mendoza y Corrientes, por solo nombrar los más resonantes, muestran que el sistema de salud sigue en crisis. Los trabajadores no reclaman solo por justas mejoras salariales (muchos de ellos siguen aun bajo la línea de la pobreza) sino también por las situaciones de precarización laboral, la falta de recursos humanos, el deterioro de las estructuras edilicias, la falta de insumos, etc.
El Banco Mundial, en un documento que sirve de inspiración al Plan Federal de Salud, el 26144/03 fechado en julio de 2003, ya señalaba que era la resistencia organizada de los trabajadores de la salud uno de los principales obstáculos para el avance en la aplicación de sus recomendaciones. El actual ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, lo sabe y desde ya hace bastante tiempo. Ya cuando pasó por el cargo de ministro de salud de la provincia de Buenos Aires en la década de los noventa introdujo formas de empleo precario: las llamadas Becas de los Planes “Salud con el Pueblo” y “Materno Infantil”. Su ejemplo fue imitado y hasta en algunos casos superado por los intendentes de la provincia de Buenos Aires y en otros puntos del país. Se sabe: el trabajador precarizado, amenazado constantemente con perder su empleo es más dócil. Denuncia menos las irregularidades o las falencias. Llegado el caso se lo puede despedir, rebajarle el salario, someterlo a las peores condiciones de trabajo, utilizarlos como rompehuelgas, etc.
El ministro no abjuró de sus convicciones: de hecho su más reciente Plan de Médicos Comunitarios, disfrazado como un programa de formación de recursos humanos, no es otra cosa que la introducción de nuevas formas de precarización laboral.
Por eso no sorprende que tilde de “terroristas sanitarios” a los trabajadores que reclaman mejores salarios o mejores condiciones de trabajo o apele a la descalificación y al macartismo para desacreditar a las organizaciones gremiales que cuestionan sus políticas. Si lo ha hecho con prestigiosos sanitaristas por qué iba a detenerse frente a las organizaciones gremiales.
Ha sostenido que en nuestro país sobran médicos, sin ponerse colorado y sin plantearse desde su cartera ninguna política tendiente a fomentar la radicación de médicos en zonas del país donde la gente tiene que recorrer enormes distancias para encontrar un centro de salud. ¿O ignora acaso que justamente en esos lugares es donde las condiciones laborales y salariales que se ofrecen son las peores?
Si la máxima autoridad de salud de la Nación irradia este tipo de mensajes, a quién puede sorprender que funcionarios de menor jerarquía, (la gran mayoría de los cuales acceden a sus cargos no por méritos constatados en un concurso público sino por su cercanía al poder político de turno), reproduzcan hacia todos los trabajadores de la salud la descalificación y el maltrato, actuando como multiplicadores de situaciones que llevan al desaliento, que afectan la salud psíquica y física de los propios trabajadores de la salud y que en definitiva terminan impactando negativamente sobre la calidad de las prestaciones que recibe la población. ¿Qué porcentaje de los trabajadores del sector, que muchas veces deben apelar al sobre empleo para solventar sus necesidades y las de sus familias o que tienen muchas veces ingresos inferiores a la línea de la pobreza tienen “resto” o medios para mejorar su capacitación profesional?
En estas condiciones, y si no cambian YA estas condiciones, que este año la O.M.S. proponga que el eje orientador de la reflexión y la acción la Situación de los Trabajadores de la Salud parece más bien una broma macabra.
La política de medicamentos ha fracasado
Si se analizan algunos de los caballitos de batalla de la actual gestión se advierte que la política de genéricos sólo sirvió para salvar el negocio de los laboratorios privados que aumentaron su facturación un 27 %. El Programa Remediar está muy lejos de resolver el problema del acceso al medicamento para los 15 millones de argentinos sin cobertura, tal como reza la publicidad oficial. No cubre todas las patologías prevalentes en el marco de la Atención Primaria de la Salud, las cantidades que llegan son absolutamente insuficientes y muchas veces los botiquines vienen con faltantes en varios de los renglones que sí debería proveer.
La Multisectorial por la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas ha demostrado con claridad inocultable que la salida de promover desde el Estado la recuperación de todas las Unidades Productoras de Medicamentos que hoy existen (laboratorios estatales, universidades, fuerzas armadas) dotándolas del financiamiento y los recursos humanos y materiales necesarios, sí permitiría dar respuesta, a un costo social mucho menor que el actual programa, a las necesidades de medicación de la población abasteciendo a Hospitales (donde el Remediar no llega), salitas e incluso el PAMI y la seguridad social en una segunda etapa. Es más barato, daría una respuesta mejor, generaría trabajo para nuestros científicos y técnicos que por falta de horizontes en el país se ven obligados a emigrar, aumentaría la autonomía nacional. La intervención del Estado en el mercado de los medicamentos además se transformaría en un importante factor de regulación del mismo.
¿Por qué no se implementan estas propuestas? La respuesta es simple: Ginés González García traiciona la herencia de Carrillo, no es su continuador.
RECLAMAMOS TAMBIÉN POR EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
Pocos recuerdan que ese mismo funcionario fue hasta hace muy poco la máxima autoridad nacional en cuestiones ambientales. No solo no dijo una sola palabra sobre la cuestión de las pasteras. Su última (¿y única?) opinión difundida sobre la cuestión ambiental fue para confrontar con el Defensor del Pueblo y una serie de ONGs sobre la necesidad de realizar estudios epidemiológicos sobre los efectos de la contaminación de la Cuenca Riachuelo- Matanza.
Sostenemos que la decisión del presidente de crear una Secretaria de Política Ambiental dependiente en forma directa del Ejecutivo Nacional no garantiza que las cosas cambien en el sentido necesario. Lo que está en juego no es una mera cuestión administrativa sino cuál será la orientación de la política para el sector.
Cientos de foros y organizaciones vecinales vienen planteándose como eje de su accionar la defensa del Medio Ambiente. Es nuevamente la sociedad civil reclamándole a un Estado desertor que por inoperancia o, peor aun por corrupción, mira para otro lado ante la destrucción sistemática del medio ambiente que provoca el afán de lucro de las empresas de origen nacional o transnacional. A nadie parecen importarle las terribles consecuencias actuales y futuras sobre la salud y la vida de los seres humanos. La contaminación de los cursos de agua y del suelo, la falta de inversión en obras de saneamiento, la falta de una política racional para el tratamiento de los residuos, la contaminación con PCB, uranio, metales pesados, el uso irresponsable de plaguicidas, la contaminación electromagnética causan diariamente miles de casos de graves enfermedades y muertes.
Hoy son las empresas papeleras multinacionales que pretenden instalarse en Fray Bentos las que están en el centro de la escena. Pero no es ese un caso aislado.
Sostenemos que la movilización popular es hoy la única garantía para frenar el genocidio ambiental.
El Foro Social de Salud y Medio Ambiente vuelve a expresar que es necesario y urgente un cambio de rumbo.
