La discriminación en Argentina
Diagnóstico y propuestas
Equipo de Autores
Coordinador Waldo Villalpando
Expertos Daniel Feierstein
Norma Fernández
Ana González
Horacio Ravenna
María Sonderéguer
Asistente Miranda Cassino
Coordinación Sustantiva
Instituto Nacional contra la Discriminación , la Xenofobia y el Racismo
Directorio del INADI al 31/12/04
Presidente: Enrique Oteiza
Vicepresidente: Esteban Llamosas
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología: Alberto Sileoni
Ministerio del Interior: José Lucas Gaincerain
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Eduardo Luis Duhalde
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: Jorge Taiana
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH): Miguel Monserrat
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA): Julio Toker
Federación de Entidades Árabes (FEARAB): Horacio Munir Haddad
Coordinación Administrativa
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Dirección de Derechos Humanos
Organismos Asociados
Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Secretaría de Derechos Humanos
Organismos Patrocinantes
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OACDH
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD
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INTRODUCCION
La lucha contra la discriminación es un viejo ideal humanitario y su eliminación
aparece como una meta siempre inalcanzable. La sociedad humana
parece empecinada en hacer de la diferencia social o física un argumento
para la hostilidad o la marginación. Cuesta asimilar el hecho de que la humanidad
es variada, que las personas nacen y seguirán naciendo en distantes
puntos del planeta con rasgos diferentes y distintos colores de piel y que
transcurren por diferentes etapas del ciclo vital, con aptitudes e identidades
diversas. La estructura de nuestras sociedades y sus instituciones no suele
facilitar la integración en pie de igualdad de todos los seres humanos, ni
respetar sus singularidades; más aún, suele fabricar sus propias discriminaciones
e intolerancias.
Entre los principales puntos de partida de este Plan Nacional contra la
Discriminación se encuentra la convicción de que la sociedad humana se
enriquece, en todo sentido, cuando reconoce su pluralidad y no cuando se
divide entre sí por prejuicios, miedos infundados o competencias inútiles.
Aspiramos a la promoción de una cultura de la no-discriminación. Kliksberg
señala que “los grupos desfavorecidos tienen valores que les dan identidad.
Su irrespeto, o marginación, pueden ser totalmente lesivos a su identidad y bloquear
las mejores propuestas productivas. Por el contrario, su potenciación y afirmación
pueden desencadenar enormes potenciales de energía creativa”1. Compartimos
esta idea y por eso creemos que combatir la discriminación es un
deber del Estado y un compromiso de todos.
La extraordinaria manifestación cultural de nuestro continente y de la
Argentina es fruto de siglos de movimientos de población y mestizajes que
han valorizado a la sociedad. A la vez, nuestras sociedades también han padecido
actitudes y prácticas discriminatorias respecto de muchos de los
grupos que conforman su acervo identitario. En Argentina convive la discriminación
por razones étnicas, políticas, religiosas y económicas con
nuevas formas de marginación e intolerancia. La discriminación se proyecta
en la negación de los derechos fundamentales, de salud, trabajo, educación,
seguridad, respeto a la dignidad individual y la identidad cultural. En
nuestra opinión, una sociedad que practica la discriminación y la desigualdad
es una sociedad injusta y antidemocrática que pierde su potencial de
desarrollo y crecimiento.
Ahora bien, si se acepta que las prácticas discriminatorias son producto
de los modos históricos en que se construyen los procesos de identidad
y “normalización” de cada Estado, queda claro que su complejidad y persistencia
justifican que el diseño de un Plan Nacional contra la Discriminación
tenga en cuenta las perspectivas y modos de percepción de los diversos
grupos que integran nuestra sociedad. Es por ello que los autores de este
Plan nos propusimos la realización de entrevistas en todo el territorio
con grupos victimizados por las diversas modalidades discriminatorias, especialistas,
funcionarios gubernamentales con competencia sobre el problema,
movimientos sociales, organizaciones representativas de la sociedad
civil u organizaciones de derechos humanos. Este diálogo nos permitió
escuchar y valorar tanto su perspectiva sobre la cuestión de las prácticas
sociales discriminatorias como sus propuestas (coyunturales y estratégicas)
para la desarticulación de tales prácticas y de las matrices que las originan.
En función de la trayectoria previa de los autores, las consultas realizadas,
los materiales de investigación nacionales e internacionales relevados
y los resultados de las entrevistas sostenidas desde junio 2003, se ha elaborado
el diagnóstico de la situación de las prácticas sociales discriminatorias
en nuestro país y las propuestas estratégicas y de acción inmediata que se
elevan como parte de este Plan. Va de suyo que hemos hecho un enorme
esfuerzo por entrevistar a la mayor cantidad de personas y grupos afectados.
De todos modos, pedimos disculpas por las eventuales omisiones.
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Salud
Propuestas Estratégicas
219. Implementar un Sistema Nacional de Salud de cobertura universal bajo
la lógica de la salud como derecho, garantizando la atención integral
y gratuita a todo habitante y/o residente en nuestro país, sin ningún tipo
de discriminación.
220. Relevar las necesidades prioritarias en salud de la población, a través de
una investigación epidemiológica que integre al conocimiento científico
los saberes comunitarios de los diversos grupos y sectores sociales.
221. Priorizar en todo el territorio nacional la promoción y prevención de la
salud operando sobre las condiciones de vida y de trabajo que son causa
de las enfermedades, brindando atención básica en el lugar de residencia
y asegurando el acceso a todos los niveles de complejidad.
222. Restringir y controlar la utilización de agroquímicos en las actividades
agrícolas reemplazándolos por manejos alternativos de plagas que no
pongan en riesgo la salud de la población.
223. Dotar de mediadores culturales e intérpretes a los servicios asistenciales
en aquellas zonas donde existe una presencia significativa multilingüismo
(sordos, comunidades indígenas, otros grupos étnicos y poblaciones
migrantes).
224. Fortalecer el sistema de Agentes Sanitarios Indígenas, propiciando la
articulación de la práctica médica con saberes tradicionales.
225. Implementar una política racional de medicamentos, garantizando una
cobertura integral y no-discriminatoria de la población a través de un
formulario terapéutico de medicamentos esenciales para los establecimientos
públicos.
226. Diseñar medidas tendientes a lograr una correlación adecuada de aparatos
por habitantes, a fin de propiciar la utilización racional de los métodos
de diagnóstico y tratamiento y asegurar la provisión mínima en
toda la población.
227. Crear centros de rehabilitación en toda localidad con una población superior
a 75.000 habitantes y/o distante más de 200 km. del centro de
rehabilitación más cercano, garantizando la movilidad de la población
requirente hacia dicho centro. Se sugiere que los Centros de Rehabilitación
estén articulados con Escuelas Especiales, dependan del Ministe
rio de Salud de la Nación y cuenten tanto con la dotación de personal
necesaria para los servicios ofrecidos como con la posibilidad de ofrecer
a la población con necesidades especiales los implementos tecnológicos
necesarios para su rehabilitación y/o reinserción profesional.
228. Promover una gestión social participativa en los centros asistenciales
de salud que involucre a los trabajadores de salud y a las organizaciones
sociales en el control efectivo de las políticas públicas de salud.
229. Adecuar la asignación presupuestaria de las áreas competentes como
condición esencial para la protección de los derechos de los grupos victimizados.
Medidas de Acción Inmediata
230. Arbitrar los medios para eliminar toda disposición administrativa que
implique una atención diferenciada estigmatizante en los hospitales y
centros de salud públicos, especialmente las previsiones relativas al pago
de bonos y a la tramitación de credenciales de pobreza.
231. Asegurar el trato igualitario de todas las personas en todo centro de salud,
implementando sanciones para los funcionarios públicos que evidencien
actitudes o trato discriminatorio.
232. Promover el tratamiento adecuado y el estudio epidemiológico de las
patologías relacionadas con el empleo de agroquímicos tóxicos en las
actividades agrícolas. Se sugiere la implementación de campañas de
prevención comunitaria en la materia.
233. Fortalecer el Programa de Salud para Pueblos Indígenas, garantizando
la incorporación de sanitaristas con conocimientos de las prácticas médicas
indígenas y arbitrando los medios para relevar el estado de salud
de los miembros de las comunidades (mortalidad infantil, mortalidad
materna, cobertura inmunológica, estado nutricional de la población –en
particular, niños y mujeres–, enfermedades endémicas, enfermedades
de transmisión sexual y VIH, accesibilidad a los servicios de salud, etc.).
234. Diseñar acciones concretas, efectivas, mensurables y culturalmente
aceptables para reducir la mortalidad infantil y mortalidad materna, la
desnutrición, los embarazos adolescentes y la incidencia de enfermedades
de transmisión sexual, en el marco del Programa de Salud para
Pueblos Indígenas y del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable, estimulando la participación activa de las mujeres.
235. Asegurar un servicio básico de salud para las poblaciones aisladas por
medio del establecimiento de agentes sanitarios y la creación de centros
de salud comunitarios con presencia periódica de médicos y enfermeros,
así como de servicio de radio.
236. Hacer efectiva la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable en todo el territorio nacional, dotándolo
de los insumos, la capacitación necesaria de los profesionales y propiciando
el marco para un debate social sobre el aborto no punible.
237. Desarrollar campañas masivas de prevención del VIH/SIDA y las enfermedades
de transmisión sexual que respeten los enfoques de género
y orientación sexual.
238. Capacitar mediante la realización de talleres al personal de las instituciones
de salud a fin de erradicar el maltrato y trato discriminatorio de
género, particularmente hacia mujeres indígenas, mujeres migrantes,
ancianas, mujeres con abortos sépticos, embarazadas y parturientas pobres
multíparas, y casos similares.
239. Arbitrar los medios para que en los hospitales existan centros especializados,
con personal especializado y protocolos estandarizados para la
recepción y atención de víctimas de violación y otros delitos sexuales.
240. Promover acciones tendientes a reconocer los derechos de las personas
con diversa orientación sexual e identidad de género en el ámbito de las
instituciones de salud –públicas y privadas de las distintas jurisdicciones–
a fin de proveerles de una atención especializada de orientación,
de no encasillarlas como “pacientes infectocontagiosos” y garantizarles
la atención e internación en espacios donde se respete su orientación
sexual e identidad de género.
241. Desarrollar periódicamente campañas nacionales preventivas y de detección
de discapacidad que permitan la localización temprana de la
problemática y su abordaje. Se sugiere articularlas en el ámbito educativo
a través de la realización de controles médicos dentro del período
escolar.
242. Asegurar un servicio eficaz de salud, adecuado para la población carcelaria,
atendiendo con especial énfasis a la asistencia psicológica, prevención
de adicciones, enfermedades infecto-contagiosas y mentales.
243. Asegurar el tratamiento y rehabilitación de adicciones de la población
carcelaria, y organizar regímenes especiales para la atención de portadores
de VIH en situación de detención.
356 Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación
244. Ejercer un sistema eficiente de control y auditoria de los servicios prestados
por las Obras Sociales, a fin de garantizar una cobertura integral
a los afiliados, sin discriminaciones de ninguna naturaleza.
245. Asegurar una mayor eficacia en recursos y actividades de la Comisión
de Minorías Sexuales y portadores de VIH-SIDA y reconocer la gestión
de otras comisiones emergentes de la sociedad civil que operan con el
mismo propósito.
246. Arbitrar los medios para garantizar el acceso y la prestación adecuada
de servicios de salud para adultos mayores a fin de atender las necesidades
por medio de profesionales y personal técnico específicamente
capacitado.
247. Estimular la radicación en condiciones adecuadas de técnicos y profesionales
de la salud en todo el país, especialmente en zonas aisladas.
