CICOP reclama paritaria para debatir integralmente la situación sanitaria

Finalizó el mes de junio y la convocatoria a la paritaria de la Ley 10.471 no se produjo. El acuerdo alcanzado en abril expresaba taxativamente una reapertura que aún no se llevó a cabo. En un contexto muy desfavorable, con salarios y condiciones laborales que siguen siendo bien deficientes, la decisión de incumplir el llamado y no reabrir las negociaciones que permitan avanzar en la situación de lxs profesionales de la Salud es un signo de alerta altamente preocupante de cara a las próximas semanas, sobre todo teniendo en cuenta la “esencialidad” de la tarea que venimos realizando.

Remarcamos la característica esencial de nuestro trabajo en tanto así se ha denominado la labor del personal de la Salud. Sin dejar de resaltar la importancia de nuestra actividad, reafirmamos nuestro carácter de trabajadorxs, con una capacitación específica y una experticia relacionada con la atención integral del proceso salud-enfermedad. Lejos de denominaciones grandilocuentes como héroes/heroínas o salvadorxs, reclamamos una valoración que tenga directa vinculación con lo que somos y lo que hacemos. Ni más ni menos que trabajadorxs fundamentales para el funcionamiento de los servicios socio-sanitarios.

Por eso, insistimos en que la mejor decisión que podría tomar el Gobierno provincial en esta etapa es abrir los procesos de diálogo formales, formular propuestas que engloben todas las temáticas que conforman nuestra actividad y poner en hechos lo que se dice en palabras. Será la mejor forma de encarar la difícil tarea que tenemos por delante, donde los equipos de Salud deberán contar con todas las condiciones para hacer frente a la altísima demanda asistencial, al exponencial aumento del número de casos relacionados con la epidemia y a la complejidad de la situación sanitaria.

Un ingreso inicial de $ 46.000 de bolsillo, un salario promedio por debajo del valor de la canasta básica fijada por lxs trabajadorxs de ATE-INDEC, el fraccionamiento del aguinaldo para las categorías más antiguas, son cifras y situaciones que deben ser revisadas. Constituyen el motivo principal para las dificultades en conseguir incorporar personal que cubra los puestos vacantes en plantas y guardias. Necesitamos mejorar nuestros salarios para evitar la extensión del pluriempleo, circunstancia que ha quedado bien evidenciada en esta pandemia y que ha provocado gran parte de los contagios que padecemos. El último informe brindado por el Ministerio arroja 2.735 trabajadorxs infectadxs, siendo 895 del sector público provincial.

Otras varias cuestiones componen el núcleo de discusión paritario. El incremento de los cargos disponibles, teniendo en cuenta que se han producido unos 650 ingresos y requerimos no menos de 2.000 más, la definición de la incorporación de todxs lxs residentes que egresan en setiembre de este año, la puesta en marcha de un nuevo reglamento para el funcionamiento de las residencias, la resolución de centenares de trámites demorados en la burocracia administrativa provincial y la implementación del Decreto de Desgaste Laboral son, entre otras, las que debieran ser prioritarias para resolver.

A la vez, todas las temáticas que surgen del abordaje de la pandemia en curso también son fundamentales. Más allá de la vigencia del Comité de Crisis central, donde se han producido algunos avances a expensas de nuestros planteos y en el que resultaría importante la presencia de los máximos funcionarixs ministeriales para las definiciones, hay problemáticas que aún no tienen respuestas positivas, tal como la ampliación de las licencias para lxs trabajadorxs que integran los grupos de riesgo, así como para lxs progenitorxs con hijxs a cargo, situación que compromete mayoritariamente a las mujeres.

También son preocupantes las demoras en los resultados de testeos en el personal de Salud, la escasez de medicación para el tratamiento de diversas patologías y las dificultades para que la ART se haga cargo de lxs trabajadorxs infectadxs. A la vez, la resolución de limitar el pago de la asignación estímulo de $ 20.000 a determinados sectores ha dejado a muchxs trabajadorxs que vienen sosteniendo a diario la atención sanitaria – incluyendo el abordaje de la pandemia en toda su dimensión – sin recibirla, connotando una discriminación inaceptable que debe ser revisada urgentemente por las autoridades.

En función de ello, en la reunión del último Consejo Directivo Provincial se resolvió la convocatoria a Congreso de Delegadxs, que se llevará a cabo el viernes 17 de julio. Tomando como referencia las situaciones mencionadas, además de todas aquellas que surjan de las discusiones en las asambleas seccionales, resolveremos las acciones a llevar adelante para exigir a las autoridades la reapertura de las negociaciones y la decisión política de colocar a la Salud y a sus trabajadorxs en un lugar preponderante, cuestión central para que el derecho de la población a la misma sea una realidad.

La pandemia y la crisis económico-social

En nuestro país, el coronavirus sostiene su difusión en el ámbito metropolitano, con más del 90 por ciento de los casos en el área. Como se ha dado en diversos países, la alta concentración de población, producto de los conglomerados urbanos, encuentra mucha mayor facilidad para su diseminación. La decisión conjunta de las autoridades nacionales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires de retomar una cuarentena más estricta debiera tener sus resultados en las próximas semanas, con la detención de los contagios masivos y un aplanamiento de la curva de infectadxs.

Ahora bien, esto será posible si las medidas de profundización del aislamiento preventivo tienen éxito, cuestión que todavía está en curso. La situación económica y social es muy preocupante, lo que genera resquemores respecto al cumplimiento que se requiere. En nuestra opinión, se debería avanzar en decisiones que contribuyan a que ello sea posible, a través de medidas que permitan disponer recursos para los sectores más comprometidos, subsidiando universal y eficientemente, protegiendo el trabajo y evitando despidos, suspensiones y rebajas salariales.

Para ello, se hace cada día más imprescindible la definición de acciones que promuevan contar con los fondos necesarios para hacer frente a los problemas existentes. La demorada iniciativa de gravar a las grandes fortunas y las rentas, la indefinición respecto a la suspensión del pago de deuda a acreedores externos y el indispensable inicio de una profunda discusión en relación a la modificación del regresivo sistema tributario actual son elementos que generarían condiciones distintas a las que tenemos ahora para poder afrontar una crisis que tiende a profundizarse sin ellos.

Desde CICOP, entendemos que la prioridad es sanitaria, debiendo volcarse las decisiones y los recursos consiguientes para abordar la pandemia. La probabilidad de un incremento exponencial de los casos, con una sobrecarga sobre el sistema de atención y la imposibilidad fáctica de brindar los cuidados necesarios está latente. La situación amerita la disponibilidad de todos los establecimientos sanitarios para ello, independientemente de que sean públicos o privados, provinciales o municipales. Será la manera de evitar un mayor daño en la salud de las personas que requieran asistencia de más complejidad.

El conflicto en IOMA

En las últimas semanas, se ha profundizado un conflicto entre lxs prestadorxs y la Obra Social, con epicentro en la ciudad de La Plata. Las autoridades del Instituto avanzaron con una denuncia penal contra profesionales nucleados en la Agremiación Médica Platense sin el debido proceso administrativo, lo que generó un fuerte intercambio que devino en acciones de ambos lados. Es conocida la postura de CICOP respecto a trabajar en pos de un sistema único de Salud, público y universal, que evite inequidades y garantice derechos, asignando los presupuestos necesarios para tal fin.

Sin embargo, la existencia de un sistema fragmentado, con muchos actores en juego y distintas visiones e intereses respecto a las políticas a llevar a cabo, provocan un cuadro de situación poco menos que caótico. En ese marco, avanzar en decisiones que no van a la profundidad de los problemas y no poner en marcha auditorías más amplias para establecer la verdadera situación de diversas temáticas pasibles de investigación, sólo hace pensar en una disputa de poder y dinero, más que en definiciones que sean compatibles con las reales necesidades de afiliadxs y trabajadorxs.

Lamentablemente, IOMA ha sido, a lo largo de los años, una caja de utilización política para quienes detentan el poder, mientras sus prestaciones no siempre garantizan las coberturas debidas a lxs trabajadorxs que dependen de ellas. Se deben transparentar las gestiones, cuestión fundamental para comenzar a modificar de raíz las situaciones por demás anómalas que se han venido dando durante un largo tiempo, así como se debe involucrar a todos los actores para democratizar las mismas.

Los reclamos de lxs trabajadorxs profesionales, con deudas y salarios atrasados de varios meses deben ser resueltos con prontitud. Nada más legítimo que la exigencia de cobrar los ingresos por lo trabajado. Sabemos de las dificultades en alcanzar un sueldo acorde a las necesidades, lo que ha llevado a que la inmensa mayoría del sector padezca el mencionado pluriempleo, yendo de aquí para allá en su semana laboral, dejando de lado cuestiones personales, poniendo en riesgo la propia salud e, incluso, afectando la calidad en el desarrollo de la actividad.

Como lo decíamos hace unas semanas, la resolución de salir en auxilio de clínicas y sanatorios privados, de una manera unilateral e inconsulta, no era la mejor de las definiciones. Sin consultar a los sindicatos participantes del Consejo Consultivo Gremial y de forma subrepticia, se avanzó en el salvataje de empresas de la Salud que, en muchos casos, destratan, explotan y precarizan a lxs trabajadorxs a su cargo. La ayuda financiera de una importante suma mensual, así como la implementación de otras acciones que contribuyen a la misma, sin declarar de utilidad pública al sector, es una preocupante decisión.

IOMA es de lxs trabajadorxs. Su presupuesto anual es aún mayor que el asignado a la Salud Pública. Sus fondos emanan de nuestros aportes mensuales y, como tal, debemos ser parte sustancial de lo que se impulse. Hemos venido reclamando durante largo tiempo un involucramiento concreto en la toma de decisiones. En camino a una modificación drástica del actual sistema, la discusión integral debe incorporar a la seguridad social como parte de la misma. Pero en todas las definiciones, la prioridad debe ser brindar atención de calidad a lxs afiliadxs con salarios y condiciones laborales dignas para lxs trabajadorxs.