Una falta acuciante de personal

La pandemia del coronavirus continúa desarrollándose en nuestro país, con incremento diario de casos, ya no sólo concentrados en el AMBA, sino diseminados en varias provincias de un modo más que preocupante. Se cumplieron en estos días cinco meses desde la primera medida tomada para frenar su propagación, el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, una decisión correcta que permitió en su momento ganar tiempo para mejorar el deteriorado sistema de Salud. Sin embargo, tal definición no se acompañó de las medidas sociales suficientes y se flexibilizó prematuramente por presión de las corporaciones empresariales.

Si bien se incrementó el número de camas críticas, se abrieron hospitales modulares y se ampliaron instalaciones sanitarias en la Provincia de Buenos Aires, no se fortaleció el sistema público en la medida de lo necesario. Ante los reclamos iniciales de los gremios del sector, en los que CICOP tuvo una voz contundente, se proveyeron los equipos de protección personal e insumos necesarios para afrontar la situación, suministros que continuamos monitoreando cuidadosamente en cada hospital, a pesar de la falta de información oficial al respecto.

Lamentablemente, todas estas decisiones y medidas no tuvieron el mismo correlato en relación a la incorporación de personal. Ante plantas hospitalarias que ya venían diezmadas por falta de inversión en el sector y presupuestos a la baja desde hace muchos años, la decisión política tendría que haber sido una incorporación sustancial de trabajadorxs, con cargos genuinos en sus respectivos ordenamientos legales. En lo que hace específicamente al sector profesional, de los aproximadamente 2.500 faltantes al inicio de la pandemia, sólo fueron incorporados 650 nuevos cargos interinos, un número claramente insuficiente para afrontar el desafío de la hora que tiene como motivo principal los bajos salarios y las deficientes condiciones laborales que se ofrecen.

A esa situación, se le suma a diario el incremento de compañerxs contagiadxs, que ya superan los 10.000 en el ámbito bonaerense y los 20.000 a nivel nacional. Además de la angustia y preocupación con la que cada unx de ellxs debe transcurrir ese tiempo, con afectación más o menos grave de su condición sanitaria, se debe considerar que, al salir del sistema junto a sus compañerxs consideradxs contactos estrechos, se resiente todo el funcionamiento cotidiano en hospitales y centro de salud. Quienes quedan trabajando, por su parte, se ven sobreexigidxs y agotadxs en extremo.

También lxs trabajadorxs de la Salud que han perdido la vida suman todos los días nuevos nombres a un registro doloroso. Muchxs de ellxs, como lo planteamos desde el inicio de la pandemia, tendrían que haber estado de licencia, por su edad o su condición sanitaria previa,  que los situaba dentro de los grupos de riesgo. La desatención del Gobierno provincial a estos reclamos constituye una flagrante vulneración de derechos que continuamos denunciando en cada una de nuestras intervenciones.

Un sistema de Salud con personal insuficiente y agotado, aunque los promedios oficiales de ocupación de camas críticas sigan siendo dudosamente bajos, constituye un problema que se enuncia ocasionalmente en los reportes diarios sin que aparezcan decisiones políticas para revertirlo. Se camina sobre una cornisa delgada y preocupante mientras se pierde, lamentablemente, la oportunidad de fortalecer verdaderamente lo público en forma estructural, para bien de la población en su conjunto.

Con salarios deteriorados y sin paritarias

Lxs profesionales de la Salud bonaerense logramos cerrar una paritaria en el mes de abril, con un incremento salarial promedio del 20 % en bolsillo, cifra alcanzada por la inclusión del bono estímulo de $ 5.000 en cuatro tramos. Eso llevó el salario del ingresante, en el mes de mayo, a la suma de $ 46.800, con la previsión acordada en el acta paritaria de volver a discutir salarios y condiciones de trabajo en el mes de junio. Fue justamente por ese compromiso asumido por el Gobierno provincial que las asambleas seccionales valoraron mejor y aceptaron mayoritariamente la propuesta en disconformidad.

Dos meses después de la fecha acordada, y pese a los reclamos públicos sostenidos en todos los ámbitos y reuniones, incluyendo las Jornadas de Lucha llevadas adelante hasta ahora, continuamos sin convocatoria. Nuestros salarios de inicio están muy lejos de los $ 69.433 que la Junta Interna ATE-INDEC – nuestro habitual marco de referencia – calculó como canasta básica para el mes de julio pasado, una cifra que apenas alcanzan lxs profesionales que llevan 30 años trabajando en el sistema.

En este contexto, la Ministra de Trabajo provincial, Mara Ruiz Malec, hizo declaraciones en esta semana anunciando que no habrá paritarias para lxs trabajadorxs estatales bonaerenses debido a la situación que atraviesa la Provincia. No ignoramos las complejidades y dificultades que la pandemia vino a agravar, con altos niveles de retracción de la actividad económica, caída en las recaudaciones y recesión general, algo que está ocurriendo no sólo en nuestro país, sino también a nivel global. Sin embargo, no somos lxs trabajadorxs quienes debemos pagar las consecuencias de esta realidad ni el ajuste que se propone como solución.

Considerarnos “esenciales” en nuestro trabajo, pero no así en los salarios que nos correspondería percibir, es una contradicción que sólo añade malestar a la situación en la que estamos inmersxs. Gravar las grandes fortunas y rentas, avanzar con una reforma tributaria que termine con las inequidades actuales y honrar la deuda interna por encima de compromisos espurios con el sistema financiero, debieran ser las decisiones que permitirían obtener los recursos necesarios para invertir en más y mejores políticas públicas, con trabajadorxs remuneradxs de acuerdo a la responsabilidad de la tarea que realizan.

Como un ejemplo más, esta semana se inició el pago del bono incentivo de Nación en algunos municipios del conurbano. No queda claro si se abonará en forma retroactiva y si abarcará su totalidad ($ 20.000). Pero además, lxs trabajadorxs de varios distritos del mencionado conurbano y lxs del interior no han sido incluidos en el cobro del mismo. Si bien hay excepciones gestionadas, el Ministerio de Salud Nacional les ha negado sin explicación alguna su cobro. Desde CICOP, expresamos nuestro rechazo a la discriminación ejecutada sobre aquellxs profesionales que cumplen un rol fundamental en la atención de la pandemia en los territorios.

Servicios públicos esenciales

El Gobierno nacional declaró servicios públicos esenciales, en las últimas horas, los servicios de las tecnologías de la información, las comunicaciones y el acceso a las redes de telecomunicaciones, así como el servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades. Se trata de una decisión que podría ser adecuada, pero cuya implementación y alcances aún no tiene mayores precisiones, por lo cual habrá que esperar para ver su impacto real en ampliación de derechos para la población.

Al inicio mismo de la pandemia, desde CICOP manifestamos que la gravedad de la hora ameritaba tomar decisiones semejantes en el ámbito de la Salud como, por ejemplo, declarar de utilidad pública todas las camas existentes, tanto en jurisdicciones municipales como en el ámbito privado. No sólo no se avanzó con ese tipo de medidas, sino que en algunos municipios, como por ejemplo en San Martín, se le paga a las clínicas privadas un canon diario por la disponibilidad de sus camas, en lugar de destinar esos recursos a contratar más personal para la atención sanitaria.

También asistimos, manifestando nuestro enérgico rechazo, a la utilización de los fondos de nuestra obra social, IOMA, para un salvataje del sector privado en lugar de mejorar las prestaciones o destinar recursos a fortalecer el sistema público. La pandemia que asola el mundo, con las graves consecuencias que acarrea en lo inmediato y para los próximos años, también debiera ser una oportunidad para dejar de lado las concepciones que sindican lo público como gasto y el achicamiento del Estado como un norte para favorecer los negocios privados.

Avanzar hacia un Sistema Sanitario público más fuerte, sosteniendo su carácter de universal y gratuito, que supere la fragmentación que tantas dificultades y padecimientos acarrea, ha sido históricamente eje y reclamo de nuestro gremio, junto con la defensa irrestricta de los derechos de sus trabajadorxs. El tremendo impacto generado por el coronavirus a nivel mundial ha demostrado la importancia de contar con un sistema que privilegie el derecho a la Salud de la población y deje de lado su costado lucrativo. A pesar de todas las limitaciones que la hora nos impone, no vamos a dejar de persistir en esa lucha y de levantar esas banderas.