Un panorama sombrío

CICOP viene denunciando sistemáticamente las graves dificultades en las que se encuentra el sistema sanitario frente al aumento sostenido de casos por la pandemia del covid-19. En la semana que pasó, también se alzaron diversas voces desde las sociedades científicas, las universidades y otros espacios académicos, alertando sobre la gravedad de la situación.

Al incremento de los números en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano, en el área denominada AMBA, se le suman varias localidades del interior bonaerense y cada vez más provincias. En algunas de ellas, como Jujuy, la situación sanitaria es catastrófica, tanto por la cantidad creciente de casos como por las escasas respuestas que puede brindar un sistema de Salud con pocos efectores, desfinanciado y deteriorado desde hace años. El Gobernador Gerardo Morales, en lugar de destinar fondos y asignar partidas para garantizar el derecho a la atención de la población, optó por amenazar a los trabajadorxs de la Salud con multas, inhabilitaciones y encarcelamientos por medio de un decreto que, finalmente, tuvo que derogar ante el repudio generalizado que suscitó.

En otras provincias, con números de casos también preocupantes, se implementan retrocesos en cuanto a las aperturas con las que se había avanzado. Mendoza evalúa volver a Fase 1 y el Gobernador de Santa Fe decidió que en Rosario y otros cuatro departamentos, durante catorce, días, sólo volverán a estar habilitadas las actividades esenciales, al igual que en las ciudades más pobladas de San Luis. También se pondrán en marcha mayores restricciones, pese a las protestas de ciertos sectores de la población, en algunas ciudades y municipios de la provincia de Río Negro, entre ellos General Roca.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el contrario, continúa abriendo actividades y generando situaciones complejas a pesar de que su situación sanitaria dista mucho de haberse mitigado. En el conurbano bonaerense hace ya varias semanas que las aperturas, la circulación de personas y la ocupación del transporte público han adquirido niveles que no se condicen con el constante aumento de contagios y fallecimientos.

Estamos frente a un panorama que no hará otra cosa que agravarse en las próximas semanas si quienes nos gobiernan no toman medidas que vuelvan a poner lo sanitario por encima de los intereses económicos y de sus voceros mediáticos. Es imperioso retrotraer la circulación a lo estrictamente necesario y cerrar lo que no debería haberse abierto con tanta premura. Dada la situación económica que padecen los sectores más vulnerables de la población y aquellos cuya precariedad laboral los empuja a trabajar aun enfrentando riesgos, esto debe ser acompañado con políticas públicas mejores y más universales, que provean protección y tranquilidad a quienes menos recursos tienen, así como medidas para preservar las fuentes de trabajos, los salarios y la plena vigencia de los derechos laborales.

Frente a esto, CICOP propuso impulsar en el Comité de Crisis del 3/9, como ya lo hicimos en otras dos oportunidades anteriores, una nueva recomendación al respecto, alertando sobre las consecuencias de la falta de medidas firmes. Las decisiones deben tomarse con carácter urgente y le cabe a lxs funcionarixs una responsabilidad insoslayable que no se agota sólo en recomendaciones ni en apelaciones a las conductas individuales de cuidado, sino que debiera tener relación directa con un abordaje integral de la preocupante situación sanitaria en curso. Es el Estado quien debe garantizarlo a través de las decisiones políticas gubernamentales.

Lxs trabajadorxs de la Salud en estado crítico

Con salarios deteriorados, sin convocatoria a paritarias y sin licencias para los grupos de riesgo, lxs trabajadorxs de la Salud enfrentamos la tarea diaria poniendo lo mejor que tenemos, pero transitando nuestra propia angustia, la de nuestrxs compañerxs y con la sobrecarga de no ser suficientes en número para abordar los desafíos que la situación presenta.

En la Provincia de Buenos Aires, según los últimos datos oficiales al 31/8, hay 15.933 trabajadorxs de la Salud infectadxs de los cuales 5.286 corresponden a los hospitales públicos provinciales. A ello, se agrega el lamentable saldo de al menos 62 fallecimientos, la mayoría de los cuales no debió haber estado trabajando por pertenecer a grupos de riesgo. Al personal, de por sí escaso, se le suma la contingencia de que lxs trabajadorxs contagiadxs deben salir del sistema, junto con sus contactos estrechos, al menos por diez días. En algunas ocasiones, este período se prolonga porque la evolución de la enfermedad requiere internación, mayores cuidados, una recuperación lenta y dificultosa. El funcionamiento de los servicios se resiente y la sobreexigencia para cumplir con las tareas es enorme.

En el mes de agosto, tal como habíamos acordado en la paritaria, el bono estímulo de $ 5.000 fue incorporado al salario como una bonificación remunerativa de $ 6.313, a fin de que no se produzca rebaja de la suma en mano por los aportes previsionales. Pero el sueldo de inicio de lxs profesionales bonaerenses continúa siendo de $ 46.800, una cifra que nada tiene que ver con la responsabilidad de la tarea que realizan ni con los riesgos que afrontan en estos días.

La negativa del gobierno a convocar a la paritaria en la fecha comprometida y la falta de decisión política para mejorar la situación salarial de lxs profesionales de la Salud resulta ofensiva y antisanitaria. No basta con que lxs funcionarixs reconozcan la labor y entrega en las conferencias de prensa y entrevistas,  ni que se diga que están exhaustxs y al borde del colapso, si eso no se traduce en mejoras concretas en sus condiciones de trabajo y en las remuneraciones que perciben.

En la mayoría de los municipios la situación es aún más grave, con altos niveles de precarización laboral, malas condiciones de infraestructura, insumos insuficientes y equipos de Salud diezmados. El bono estímulo de $ 20.000 en cuatro tramos les ha llegado de modo irregular o no lo han cobrado, siendo lxs más afectadxs por esta discriminación quienes se desempeñan en el primer nivel de atención.

La situación de lxs trabajadorxs de la salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también atraviesa enormes dificultades, como lo vienen manifestando las organizaciones que participan con CICOP en la Mesa de Salud AMBA. Del mismo modo, con sus particularidades, están vulneradxs en sus derechos lxs compañerxs de los gremios con los que constituimos la FesProSa Línea Histórica. En ambos espacios participa también, con sus reclamos específicos y generales, el sindicato de profesionales y técnicos del Hospital Nacional Garrahan.

Con todos ellos venimos construyendo espacios de articulación que nos permitieron llevar adelante las Jornadas de Lucha del 10/6 y del 6/8. Nos encaminamos ahora hacia una nueva acción conjunta el jueves 10 de setiembre, intentando visibilizar y darle voz a todas estas problemáticas y reclamos. Con acciones locales y regionales, con las diferentes expresiones que podamos llevar a cabo, nos manifestaremos ese día en defensa de nuestros derechos como trabajadorxs de la Salud. La pandemia puso a la Salud Pública en la agenda como nunca antes, pero sigue ausente el reconocimiento concreto a quienes sostienen con su esfuerzo y compromiso la atención a diario.

Seguridad, recursos y violencias

Asistimos en estos días a la presentación del “Programa de Fortalecimiento de Seguridad para el Gran Buenos Aires”, que prevé una inversión de 3.780 millones de pesos, la incorporación de diez mil agentes más a las fuerzas policiales y la compra de 2.200 móviles, equipamientos y la construcción de nuevas cárceles y comisarías.

La oportunidad de llevar adelante semejante inversión en el medio de una pandemia pone en discusión todos los argumentos que se utilizaron hasta aquí, al menos en la provincia de Buenos Aires, para no destinar recursos a incorporar más trabajadorxs de la Salud con cargos genuinos, mejorar sustancialmente sus salarios y fortalecer el sistema de modo integral.

No se ha demostrado aún que la situación económica que padece un sector de la población, agudizada por la recesión y destrucción de puestos de trabajo en estos meses, haya contribuido a aumentar notoriamente los delitos. En todo caso, los problemas son estructurales, de una enorme complejidad y mucho más profundos. Están anclados en amplios grados de desigualdad, inequidades de larga data y falta de políticas integrales e integradoras que deben sostenerse en el tiempo para lograr algunas modificaciones y mejoras, así como en la falta de abordaje de los graves problemas estructurales de los poderes político, judicial y policial.

Mientras tanto, ocurren numerosos casos de violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad en distintos puntos del país, con una mayoría de víctimas jóvenes y pobres, ante las cuales la justicia suele asumir un rol de encubrimiento y complicidad con los victimarios en desmedro del ejercicio del derecho. Facundo Astudillo Castro, desaparecido primero y luego asesinado en circunstancias que aún no han sido esclarecidas y con directo involucramiento de la policía bonaerense, es un doloroso ejemplo de este accionar, inaceptable en democracia.  CICOP reclama, una vez más, que se investigue, se haga justicia y se condene a los responsables sin dilaciones.

Aumentar el número de efectivos de las fuerzas de seguridad y construir más cárceles sin avanzar con políticas que, basadas en los derechos humanos, destierren definitivamente las prácticas violentas y represivas que se ejercen en esos ámbitos, en nada contribuye a solucionar los problemas que nos aquejan como sociedad. En la distribución de los escasos recursos con que cuenta el Estado provincial y  en un momento tan crítico, son las políticas sociales, educativas y sanitarias las que deberían reforzarse por encima de cualquier otra decisión.