Los números que encienden todas las alertas

En la semana que pasó, el Gobierno Nacional resolvió la continuidad de las medidas del aislamiento obligatorio hasta el 10 de mayo, pero ya con diferentes niveles de apertura entre regiones y provincias. El modo en que progresa la curva de personas infectadas y la cantidad de fallecimientos que se han producido hasta la fecha son indicativos de que la decisión continúa siendo la adecuada para el momento en el que estamos, siempre que se fortalezca el sistema de Salud.

La Provincia de Buenos Aires lidera los números de contagios, seguida muy de cerca por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre ambas, surge claramente como la más preocupante el Área Metropolitana – conocida como AMBA -, que incluye la Ciudad de Buenos Aires y  el conurbano bonaerense hasta el tercer cordón. Con sus diferencias, allí abundan lugares seriamente comprometidos por los niveles de pobreza e indigencia en que vive un importante sector de la población, con deficientes condiciones sanitarias y habitacionales, hacinamiento y carencias varias.

La cuarentena ha profundizado aún más la precariedad laboral, disminuyendo los ingresos familiares a niveles insostenibles, a pesar de la ayuda que el Estado ha dispuesto incrementando subsidios, ingresos de emergencia, aumento de la asignación universal por hijo y tarjetas alimentarias. Pero ante el panorama de crisis social, son medidas insuficientes y no universales, generando condiciones de extremas dificultades y provocando malestares que deben abordarse.

Una gran preocupación que nos afecta de manera directa es el personal de la Salud infectado, tanto del ámbito privado como del público, que ha continuado creciendo en números alarmantes. El reporte del Ministerio de Salud de la Nación al 2/5 consigna 764 trabajadorxs bajo esa condición, lo que representa un 17,25 % del total de infectadxs a nivel país. De ellxs, 9 han fallecido. En la Provincia de Buenos Aires, la cifra trepa a 339 trabajadorxs de la Salud afectadxs, un 20,7 % del total de habitantes bonaerenses infectadxs por coronavirus.

Estos números alarmantes – ahora sí, los más altos que se registran a nivel mundial -, cuando aún no estamos en lo que se espera como pico de la pandemia, tienen su origen en una complejidad de factores que CICOP viene denunciando desde que aparecieron los primeros casos. En el sector público provincial, si bien logramos a fuerza de muchos reclamos mejorar en algo la provisión de equipos de protección personal e insumos, aún quedan lugares por abastecer y garantizar efectivamente esa protección a todo el personal hospitalario, cualquiera sea la función que desarrolle, capacitándolo además adecuadamente en su utilización.

Otra es la situación en la mayor parte de los municipios bonaerenses, con grandes carencias, falta de protocolos y sin comités de crisis donde participen lxs trabajadorxs. La recomendación de la última reunión del Comité de Crisis central, promoviendo la conformación de dichos comités en cada ámbito municipal, compromete a las autoridades distritales a llevarla a cabo y debiera actuar como una fuerte contribución para organizar el sistema de atención en todos los lugares.

En el ámbito de la salud privada, los agujeros negros, las falencias y la vulneración de derechos laborales son innumerables. Las autoridades tuvieron que avanzar, en algunos lugares, con la clausura directa de clínicas y también de geriátricos, otro foco candente de transmisión de coronavirus. La falta de controles sanitarios estrictos por parte del Estado y el afán de lucro de los propietarios conforman un paquete de muy difícil abordaje, situación agravada por los indignos recortes salariales en el sector.

Lxs trabajadorxs de la Salud del ámbito público, además, y debido a los pobres salarios que se perciben desde hace años, han hecho del pluriempleo su fuente de sustento. Trabajan en hospitales provinciales, en la Ciudad de Buenos Aires, en clínicas privadas y cubren turnos en geriátricos. La circulación del virus transcurre cómodamente de un lugar a otro y estos son los resultados. Debido a que por cada trabajador de Salud infectado debe aislarse además a sus contactos laborales más estrechos, de persistir esta situación se pone aún más en riesgo el funcionamiento de un sistema de Salud que ya padece innumerables problemas.

Hemos registrado serias dificultades en el acceso a la realización de tests a personal de  Salud en contacto estrecho con pacientes infectadxs. Tuvo que producirse una situación conflictiva en el Hospital Belgrano de San Martín para que se decida la ampliación de los testeos. Cuestiones similares se han dado en el Paroissien de La Matanza y en el Hospital Carrillo de San Vicente, donde ya tenemos que lamentar tres víctimas fatales. No será retaceando los diagnósticos y apegándose mágicamente a los protocolos que se resolverán los graves problemas que devienen de los contagios en nuestros servicios de Salud. Demandamos una sistemática de testeos a los Equipos de Salud.

Segunda reunión del Comité Provincial de Crisis

El martes 28/4 tuvo lugar la segunda reunión del Comité Provincial de Crisis. Se evaluó positivamente que la resolución alcanzada en la primera reunión acerca de la obligatoriedad de que se conformaran comités de crisis en todos los hospitales, con participación de los gremios, hubiese sido comunicada oficialmente por el Ministerio de Salud, lo que permitió avanzar en los lugares con mayores dificultades. CICOP planteó la necesidad de que funcionaran también en cada uno de los municipios, así como en los hospitales municipales. Se comprometieron a recomendarlo como parte de un informe epidemiológico sanitario que la provincia estaba bajando a las autoridades municipales.

Abordamos el tema de los Equipos de Protección Personal (EPP) y de los barbijos en forma específica, siendo el planteo de CICOP acompañado por todos los gremios presentes. En cuanto a los EPP, los funcionarios manifestaron que estaba asegurada la cantidad disponible y que iban a llegar más partidas a todos los hospitales en los próximos días. En cuanto a barbijos N95, afirmaron que están certificados correctamente, mostrando un documento al respecto e informándonos además de las limitaciones de ANMAT para avalarlos. En cuanto a los barbijos quirúrgicos, admitieron las diversas calidades y muchas de las deficiencias, que se comprometieron a solucionar en próximas entregas. Se ratificó, como resolución, que el uso de barbijos quirúrgicos es para todo el personal del hospital (con énfasis en administrativxs, limpieza y mantenimiento).

Desde CICOP, reiteramos la necesidad de que Capacitación forme parte del Comité de Crisis provincial, para acordar ejes comunes de acuerdo a lo que se fuera discutiendo y ser operativos al respecto, adecuando las capacitaciones a las necesidades de todxs lxs trabajadorxs, según su función. También pedimos información centralizada en relación al personal que ingresó  a los hospitales provinciales a la fecha, comprometiéndose a traerla para la próxima reunión.

En relación a la cantidad de trabajadorxs infectadxs por Covid-19 al 28 de abril, ante nuestro requerimiento, informaron que había 71 casos confirmados y 590 aislados, todos correspondientes a establecimientos hospitalarios dependientes de la Provincia. En principio, nos pareció un número muy bajo en relación a nuestras observaciones, lo que se estaría confirmando con los datos suministrados el último viernes. No brindaron información sobre otras jurisdicciones. Solicitamos acceso a esa información, centralizándola en el Comité de Crisis.

En el tema licencias para grupos de riesgo y progenitorxs al cuidado de hijxs, planteamos que habíamos presentado un requerimiento legal al Ministro de Salud, ya que veníamos de reclamarlo en reuniones, en la paritaria 10.471 y a través de la nota conjunta que habíamos presentado con ATE y Salud Pública, sin respuesta alguna. Sí logramos avanzar, a través del acuerdo paritario, con la licencia para las embarazadas. Para el resto, los funcionarios continúan sosteniendo su posición y quedamos en seguir la discusión en la próxima reunión del Comité. El argumento de base es el temor a no contar con el personal suficiente, una colisión de derechos en relación a lo que les corresponde a lxs trabajadorxs.

Respecto al tema de los testeos a todo el personal de Salud, el Ministerio sigue sosteniendo que sólo hay que testear a lxs trabajadorxs que encuadren en “caso sospechoso”, según el último protocolo provincial. La discusión al respecto continúa en curso y el preocupante aumento de casos consignado en el apartado anterior no hace sino reforzar el argumento que sostenemos desde CICOP, en relación a la necesidad de avanzar con los testeos a todxs lxs integrantes de los equipos de Salud.

Se planteó también que el Comité Provincial de Crisis y las resoluciones que de él emanen deben figurar oficialmente en la página del Ministerio de Salud, a fin de fortalecer la herramienta que tanto nos costó conseguir, cuestión que se comprometieron llevar a cabo próximamente.

Discriminación, suspensiones, rebajas salariales, despidos

La decisión del Gobierno Nacional a través del Decreto 315/20 y su respectiva reglamentación, de abonar un “bono estímulo” de $ 5000 en cuatro meses sucesivos al personal de Salud, ha dejado afuera a una gran cantidad de trabajadorxs que, a lo largo y ancho del país, se desempeñan en el Primer Nivel de Atención. A diferencia del acuerdo paritario logrado por CICOP, que universaliza la suma para todo el personal provincial hospitalario – incorporándola además, a partir de agosto, al salario de modo efectivo -, esta resolución es discriminatoria y contraria a la concepción de la importancia nodal de la Atención Primaria de la Salud. Así lo hemos manifestado públicamente a través de un comunicado, reclamando que se revierta a la brevedad tan equivocada decisión.

En la semana, también asistimos a una flagrante vulneración de derechos perpetrada por las patronales nucleadas en la UIA y la conducción de la CGT, consagrada por la Resolución 397/20 del Ministerio de Trabajo Nacional. En ella, se avalan las suspensiones con su correspondiente rebaja salarial que, en algunos sectores, ya fue concertada en un rango que va del 25 al 30 % del sueldo habitual. Ponen en práctica este mecanismo, que homologa el Ejecutivo, y lo utilizan mayoritariamente los grandes grupos empresarios que están en condiciones de absorber las consecuencias de la recesión sin muchos inconvenientes.

Los datos de una investigación efectuada por CEPA (Centro de Economía Política Argentina) indican que entre el 15 de marzo y el 15 de abril, pese al decreto presidencial, se produjeron 5.386 despidos y 7.233 suspensiones, totalizando 12.609 personas que se encuentran en situación de ruptura o riesgo del contrato laboral. Una vez más, el peso del ajuste que genera el complejo escenario en el que estamos, recae mayoritariamente sobre las espaldas de lxs trabajadorxs.

En esa línea, en el día de ayer numerosxs profesionales del Municipio de Tigre, de las áreas de políticas de Género, Infancia y Salud, fueron anoticiadxs de forma irregular acerca del cese intempestivo de sus contratos como monotributistas. Otro importante sector de trabajadorxs municipales de diversas áreas sufrió importantes rebajas en sus salarios que, además de ser ilegales, ponen en riesgo su subsistencia. El Intendente Julio Zamora también ha tomado la decisión de descargar el ajuste sobre lxs trabajadorxs, desmantelando de este modo servicios sensibles de atención a la población más vulnerable en los momentos críticos que estamos atravesando.

La complejidad de la hora requiere que quienes nos gobiernan tomen urgentes medidas que apunten a que sean los grandes grupos empresarios, el sector financiero y los dueños de las mayores fortunas de nuestro país los que contribuyan con recursos para paliar la crisis en la que estamos inmersos y que se profundizará en los próximos meses. A días de haber honrado y recordado las luchas de la clase trabajadora en la conmemoración del 1 de mayo, como organización gremial no podemos dejar de levantar nuestra voz, denunciar estos graves hechos y disponernos a dar todas las peleas que sean necesarias para  revertirlos.