Una situación sanitaria cada vez más compleja

Las máximas autoridades de Nación, Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunciaron, el viernes 26 de junio, el regreso a una cuarentena más estricta en la zona del AMBA, a partir del 1 de julio y hasta el 17 del mismo mes. La medida comprende, además de CABA, a los 35 municipios que la bordean, el lugar en donde están concentrados más del 93 % de los casos. Otros cien municipios bonaerenses mantendrán medidas más flexibles, acordes al desarrollo de su situación sanitaria, mientras continúa la vigilancia epidemiológica.

El crecimiento exponencial de personas contagiadas y el incremento en el número de fallecimientos registrados en esa zona lleva ya unos cuantos días. Desde el ámbito sanitario, fueron varias las voces que se alzaron reclamando que se tomaran las medidas que finalmente se implementaron. Así lo hicimos también desde CICOP, logrando, en conjunto con otros gremios, un pronunciamiento claro del Comité de Crisis Provincial que recomendó la vuelta a la Fase 1.

Veníamos advirtiendo que la flexibilización de hecho, la apertura de actividades no esenciales y la falta de controles en relación a la circulación en la vía pública y los transportes, eran más que preocupantes. La medida tomada es adecuada, aunque se incurrió en una demora excesiva y su implementación estricta tendrá dificultades prácticas, ya que muchas ramas de actividades no esenciales permanecen abiertas y no se avanzó en medidas de contingencia social para preservar las fuentes de trabajo, el salario completo y la ayuda universal. Por otro lado, iniciarla recién a partir del 1 de julio deja un espacio que no contribuye al propósito que se busca lograr, promoviendo que, en estos cuatro días, la movilidad no sólo no disminuya, sino que inclusive se incremente.

Entramos ahora en un escenario cada vez más complejo, con aumento también en la ocupación de las camas de terapia intensiva, no sólo por pacientes de covid-19  sino también por el resto de las patologías, incluyendo las propias de la época invernal que recién comenzamos a transitar. Por otro lado, sigue siendo escaso el personal de Salud en todos los niveles de atención. A ello, hay que sumarle un creciente y preocupante número de trabajadorxs contagiadxs, que disminuye aún más las plantas diezmadas. Los últimos registros oficiales dan cuenta de que lxs afectadxs representan un 7,9 % del total a nivel nacional, un porcentaje que trepa al 9,3 % en la provincia de Buenos Aires, representando más de 2.000 agentes infectadxs y no se ha logrado detener su crecimiento. Seguimos demandando un plan de testeos específico para el personal sanitario y licencias para los grupos de riesgo.

La pandemia ha puesto de manifiesto, en nuestro país y en muchos otros países del mundo, los escasos recursos destinados a la Salud Pública, al considerarla  un gasto que hay recortar o un negocio del cual obtener ganancias, mientras se avanza sobre su condición de derecho humano fundamental. En nuestro continente en particular, la pobreza estructural de grandes sectores poblacionales añade aún mayor vulnerabilidad a la situación presente, pero también proyecta sus consecuencias hacia el futuro inmediato, afectado por una grave crisis económica global que no hará más que profundizar los niveles de desigualdad para millones de personas.

Sin paritarias y con el aguinaldo fraccionado

El inicio del mes de julio encuentra a lxs  profesionales de la provincia de Buenos Aires con salarios muy por debajo de lo que les corresponde, ante la responsabilidad de la tarea que realizamos. Esta es, sin dudas, una de las razones por las cuales los ingresos de personal en nuestro sector no llegan a cubrir ni la cuarta parte de las dotaciones básicas hospitalarias, necesarias para un funcionamiento adecuado. A ello hay que sumarle que, quienes finalmente tomaron la decisión de ingresar y están trabajando desde marzo o abril, aún no han cobrado sus sueldos por cuestiones burocráticas, todas ellas inaceptables en el momento de la emergencia sanitaria en la que estamos sumidxs. Va a terminar sucediendo, como en otras oportunidades, que con el paso de los meses y al no haber cobrado ni un solo peso, muchxs de quienes ingresaron recientemente abandonen la idea de seguir trabajando en el sistema.

En este contexto, el Gobierno provincial, que firmó el 18 de abril el compromiso de reabrir la paritaria Ley 10471 en el mes de junio, incumple su palabra frente a lxs trabajadorxs. Constituye una pésima señal y un peor antecedente, en el momento de mayor exigencia en la tarea diaria para afrontar la pandemia, no respetar el acuerdo alcanzado para volver a discutir salarios y condiciones de trabajo. Si algo fue valorado en la aceptación en disconformidad de la propuesta oficial de abril, fue la posibilidad de volver a negociar en dos meses, por lo que la no convocatoria desata una situación conflictiva.

Como si esto no fuera suficiente, la decisión de fraccionar el medio aguinaldo también es una vulneración de derechos. Dado el piso que se toma para aplicar el desdoblamiento, la medida afecta particularmente a lxs compañerxs que más tiempo llevan trabajando o que han ganado por concurso jefaturas, para las cuales se han preparado y esforzado. Es, otra vez, descargar el ajuste sobre lxs trabajadorxs en lugar de obtener los fondos que la hora requiere de los sectores más concentrados de la economía y se continúan destinando recursos al pago de intereses de la deuda externa.

También se han incumplido largamente los plazos para la resolución de los expedientes de ingresos, concursos ganados e interinización de becarixs. Sigue sin abordaje la correcta implementación del decreto de Desgaste Laboral, así como las modificaciones al Reglamento de Residentes y la confirmación de cargos interinos para todxs lxs que, habiendo terminado su residencia en mayo de este año, continúan trabajando con el mismo salario, haciendo frente a la emergencia sanitaria.

Las circunstancias particulares que nos atraviesan nos han puesto en el lugar de “trabajadorxs esenciales” y estamos asumiendo nuestro compromiso como tales. Sin embargo, las decisiones políticas que se toman y los compromisos que no se honran desdicen en los hechos lo que se manifiesta en palabras. No se pueden implementar medidas sanitarias adecuadas a costa de la vulneración de derechos de quienes deben llevarlas adelante.

La situación en los Municipios

También es muy compleja la situación en los municipios bonaerenses. Lxs compañerxs del primer nivel de atención y un sector de quienes trabajan en hospitales municipales no han cobrado el bono estímulo de $ 20.000 en cuatro tramos, dispuesto de modo restrictivo por el Gobierno nacional. Se trata de una discriminación inaceptable, que CICOP denunció claramente apenas se implementó la medida, pero que aún continúa sin resolverse. En el sistema público de Salud no hay ni debe haber diferencias entre quienes se desempeñan en los diferentes efectores, ya que todxs llevan a cabo tareas que los ponen a diario en riesgo mientras sostienen, con muchísimo esfuerzo, el derecho de la población a recibir asistencia y atención.

Por otro lado, persisten otras problemáticas, que también la pandemia ha revelado y agudizado. A la falta de convocatoria a paritarias, los salarios paupérrimos y los diferentes niveles de precarización laboral, se han sumado la ausencia de protocolos claros y la escasez de equipos de protección personal e insumos para afrontar la situación. Es en este estamento donde más se expresan las adversas condiciones en que lxs trabajadorxs desempeñan una tarea que es primordial.

Después de varias reuniones y a fuerza de insistencia, logramos que el Comité Provincial emitiera una recomendación para que funcionaran Comités de Crisis en todos los municipios y hospitales municipales, con la presencia de los gremios. Pero esta implementación, aún con la valiosa herramienta proporcionada, continúa siendo dificultosa en varios lugares. Independientemente del signo político partidario de quien ejerce el poder municipal, lxs trabajadorxs organizadxs tienen reclamos que no quieren ser oídos ni atendidos, ni siquiera en estas circunstancias.

Asambleas hacia el Congreso de Delegadxs

El Consejo Directivo Provincial que sesionó virtualmente el viernes 26 debatió ampliamente todas estas situaciones conflictivas, poniendo en común las realidades locales y las generales, en la comprensión de que, en el medio de la pandemia, la crisis del sistema de Salud continúa profundizándose.

Otro motivo de alarma es la situación del Instituto de Previsión Social (IPS). El jueves 25 participamos, junto con numerosos gremios estatales bonaerenses, de una reunión convocada por el Ministerio de Trabajo. Fue en respuesta al pedido de audiencia que habíamos presentado, con la preocupación de que el convenio que firmó el Gobernador Kicillof solicitando ayuda financiera a ANSES, abriera la puerta a la armonización de ambos sistemas. En la reunión, fuimos informadxs de la situación deficitaria de nuestra Caja de Jubilaciones, tomando la Ministra de Trabajo el compromiso de ampliar dicho informe y girarlo por escrito a las diferentes organizaciones. Todos los gremios presentes manifestamos nuestra oposición a cualquier intento de avanzar sobre nuestros derechos previsionales, mencionando además la historia de luchas que habíamos desarrollado en diferentes ocasiones y ante los diferentes gobiernos que propusieron ese tipo de medidas.

También la disposición inconsulta de los fondos de nuestra obra social IOMA para el salvataje de clínicas privadas, que rechazamos fuertemente en nuestro comunicado público, nos mantiene en situación de alerta. La decisión no sólo no se ha revertido, sino que ahora se avanza con la posible adquisición de clínicas privadas bajo un sistema similar al de PAMI. Estas resoluciones se toman a espaldas de lxs trabajadorxs, mientras las prestaciones que nos brindan continúan siendo escasas y deficientes.

En los intercambios y discusiones llevadas adelante, con todas las temáticas mencionadas, el Consejo Directivo Provincial evaluó la necesidad de poner en marcha los mecanismos de asambleas en todas las seccionales, con vistas a la convocatoria de un Congreso Extraordinario de Delegadxs el próximo 17 de julio. Las particulares circunstancias que atravesamos impiden que llevemos adelante estas instancias de ejercicio democrático como siempre lo hemos hecho en forma presencial. En los días que tenemos por delante y en cada lugar, habrá que dar todos los debates que sean necesarios, en comisiones directivas ampliadas y en las asambleas que se puedan realizar, buscando las mejores expresiones con las que podemos visibilizar nuestros reclamos colectivamente.

La lucha por una Salud Pública universal, gratuita y accesible, que garantice los derechos de la población a la mejor atención posible en tiempos de pandemia y emergencia sanitaria, no puede estar separada de la lucha por los derechos de sus trabajadorxs. Así como lo hacemos habitualmente en tiempos normales, nos disponemos a sostener nuestra historia, independientemente de los gobiernos de turno, peleando por ello.