Por la Salud Pública y los Derechos Laborales

El jueves 12 recorrimos las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los reclamos de lxs trabajadorxs de la Salud. Con una ruidosa y nutrida caravana expresamos públicamente que, para fortalecer la Salud Pública y garantizar los derechos de la población a la mejor atención, sus trabajadorxs deben tener salarios y condiciones de trabajo acordes a la responsabilidad de la tarea que realizan y del compromiso manifestado durante este tiempo de pandemia. Nos manifestamos por negociaciones paritarias, estabilidad laboral, licencias de descanso, reconocimiento de todas las profesiones del equipo de Salud y decisiones políticas que, en todas las jurisdicciones, inviertan sustancialmente en el área.

CICOP alzó muy fuerte la voz para reclamar que el Gobierno provincial convoque de modo urgente a la paritaria de lxs profesionales de la Salud bonaerense. Como lo habíamos hecho en la ciudad de La Plata el 28/10, denunciamos el destrato y la falta de reconocimiento de nuestra tarea, declarada esencial en tiempos de emergencia sanitaria, pero sin que ello se concrete en diálogo y propuestas para considerar.

Llevamos adelante la actividad con compañerxs de otras organizaciones de trabajadorxs de la salud de CABA y del Hospital Nacional Garrahan, con quienes conformamos la Mesa de Salud AMBA, en una decisión unitaria que nos fortalece. Frente al Ministerio de Salud de la Nación, al cierre del recorrido, cada sector pudo expresar su situación, en particular la lucha del personal de enfermería.

Además de la convocatoria a la paritaria, las licencias de descanso y nuestro extenso pliego de reclamos, CICOP volvió a exigir el pago inmediato de sus salarios a lxs 1.137 profesionales interinizadxs el 1/10. Como primer resultado de la lucha que venimos sosteniendo, tomamos conocimiento, a última hora del viernes, de una Resolución del Ministerio de Salud (2301/2020) que regularizaría la situación en los primeros días de diciembre. Estaremos atentxs a que así ocurra para que todxs lxs compañerxs perciban lo que se les adeuda en el plazo comprometido, sin dejar de mencionar que un atraso de este tipo en la percepción de haberes constituye una situación inadmisible.

En esta coyuntura y bajo estas circunstancias particulares de la pandemia, dando muestras de fortaleza y capacidad de movilización, pudimos hacer visibles nuestros legítimos reclamos, que son urgentes y requieren perentorio abordaje de parte de quienes nos gobiernan.

La deuda con lxs profesionales de la Salud

En esta semana, se cumple un mes desde la única convocatoria paritaria para la Ley 10.471 de este tramo del año. Frente a una propuesta salarial que rechazamos por insuficiente y a la falta de respuestas en el resto de los puntos de nuestro pliego, el Gobierno se comprometió a continuar las negociaciones rápidamente, algo que no ha sucedido. Los escasos intercambios con lxs funcionarixs por vías informales tampoco han dado resultados concretos, habiéndose comprometido en todos los casos a la continuidad de una negociación que hasta ahora no sucedió.

Hay que agregar a esto que, desde hace tres semanas,  fueron suspendidas unilateralmente y sin explicaciones las reuniones del Comité de Crisis provincial, puesto en marcha por resolución de la paritaria de abril. El dispositivo en el que, con mucho esfuerzo, logramos avanzar en algunas resoluciones importantes y al que las autoridades sanitarias venían paulatinamente vaciando de capacidad decisoria, ahora ha cesado su funcionamiento de modo inconsulto.

La situación general fue evaluada en la primera reunión de la Mesa Transicional del viernes 13, con el formato y la composición del Consejo Directivo Provincial, tal como fue resuelto en el último Congreso de Delegadxs. Allí se resolvió efectuar presentaciones formales ante los Ministerios de Trabajo y Salud, intimándolos a que concreten la inmediata continuidad de las negociaciones, honrando los compromisos asumidos.

Si finalmente se produce la convocatoria y se presenta una propuesta integral, la misma tendrá que ser considerada y evaluada por las asambleas seccionales. Serán también las asambleas seccionales las que debatan cómo continuamos si el Gobierno no da respuestas a nuestros reclamos. Necesariamente, si persiste el destrato, tendremos que profundizar la lucha, sin descartar avanzar con medidas de fuerza si hubiera mandatos mayoritarios al respecto. Lo que surja de las asambleas de base será lo que pondremos en común en la nueva sesión del Congreso de Delegadxs, convocada para el sábado 21/11 a las 10 de la mañana.

El Consejo Directivo Provincial decidió también llamar al Congreso Ordinario del gremio para el viernes 18 de diciembre, a fin de darle curso a las cuestiones institucionales que la emergencia sanitaria nos impidió llevar a cabo en los tiempos habituales. En ese mismo sentido, el CDP  ratificó la convocatoria a elecciones para los días 3, 4 y 5 de marzo del año próximo, conforme lo marcan los plazos de nuestro estatuto. Con vistas a dicho Congreso, las seccionales recibirán la propuesta de Presupuesto 2020 elevado por el CDP y la Memoria de lo actuado en el año anterior que, junto con el Balance del 2019 que fuera enviado el pasado 31/8, deberán ser puestos a consideración de las asambleas.

Asimismo, en esa misma fecha, estaremos en condiciones de ratificar las decisiones del cronograma electoral resuelto anteriormente en Congreso de Delegadxs, evaluando la situación sanitaria en que nos encontremos.

Pandemia y situación socioeconómica

Después de meses difíciles, con los sistemas sanitarios en tensión constante y el incremento diario en número de contagios y fallecimientos, hemos entrado como país en una nueva etapa de casos decrecientes, aunque en algunas zonas todavía persisten las complicaciones. Se ha levantado formalmente el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio), algo que ya había sucedido en los hechos hace tiempo y que será motivo de análisis en los próximos meses, de acuerdo a la evolución de la situación sanitaria.

Mientras tanto, la segunda ola o rebrote de covid-19 en varios países de Europa aumenta las preocupaciones y hace que se vuelvan a poner en marcha medidas restrictivas para intentar controlarla. Las diferentes vacunas van acelerando sus procesos – con muchos intereses en juego – y el horizonte de la puesta en marcha de su aplicación parece más cercano, pero muchas cuestiones al respecto permanecen inciertas. Estamos ante circunstancias extraordinarias e inéditas en todo el mundo y veremos cómo se desarrollan finalmente los acontecimientos.

La pandemia encontró a nuestro país sumido en graves problemas socioeconómicos, muchos de ellos estructurales, con altos niveles de pobreza, recesión y un endeudamiento ominoso y fraudulento. La situación de la clase trabajadora ha empeorado, con una desocupación creciente y una ampliación de la brecha de la desigualdad que ubica a grandes sectores de la población en situación de vulnerabilidad. El índice de inflación del mes de octubre registró un 3,8 % promedio, una cifra que trepa al 4,8 % en alimentos y bebidas, bienes básicos cuya escalada afecta mucho más a los que menos tienen. El incremento del costo de vida en lo que va de 2020 alcanza el 26,9 %.

Frente a este panorama, las políticas públicas deberían registrar una inversión sustancial, privilegiándolas por encima de los intereses de los sectores más poderosos, los que siempre salen beneficiados en todas las coyunturas por su alta capacidad de presión ante todos los gobiernos. Lamentablemente, las decisiones que venimos observando van en sentido contrario al fortalecimiento requerido. Estamos en vías de aprobación de un presupuesto nacional que prevé ajustes sobre jubiladxs, con una fórmula que ubica a una franja considerable de los mismos muy por debajo de la línea de pobreza, recortes en programas de ayuda social y paritarias a la baja, mientras se busca negociar con el FMI en términos inaceptables en el medio de una crisis y sin ninguna investigación sobre la deuda contraída.

El ingreso a la Cámara de Diputados del demorado proyecto de aporte solidario por única vez de quienes poseen más de 200 millones de pesos en su patrimonio puede ser, de aprobarse en ambas cámaras, un pequeño aliciente en medio de la crisis, recaudando más de $ 300 mil millones provenientes del sector más rico de la sociedad. El impuesto a las grandes fortunas viene siendo uno de los reclamos de nuestro gremio, entendiendo que es necesario un debate más profundo sobre una reforma impositiva progresiva en donde paguen más quienes más tienen y el salario deje de considerarse ganancia, conformando un nuevo esquema tributario más justo y equitativo.

En la Provincia de Buenos Aires, ya habíamos observado, en nuestra Circular anterior, que en la propuesta de presupuesto presentada en la Legislatura la partida destinada a la Salud se ubicaba en apenas un 6,15 % del reparto global, muy lejos de lo que se requiere para sostenerla adecuadamente. En contraposición, por ejemplo,  continúa privilegiándose el rubro destinado a la seguridad, tanto en inversión como en incorporación de personal, siguiendo el mismo derrotero de gobiernos anteriores, al menos de los últimos veinte años.

Sin un mayor presupuesto para el área, no habrá condiciones para resolver la debilidad estructural del sistema, asolado por años de desinversión y desidia. Y si no hay un cambio de rumbo, la implementación de estas políticas sólo augura escenarios de conflicto y lucha para los meses que se avecinan. En ellos, CICOP, honrando su historia y su pertenencia a la clase trabajadora, no podrá estar ausente.