El 30 de diciembre del año 2020 se aprobó en el Senado Nacional la Ley 27.610, estableciéndose el marco legal para el Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Post Aborto en todo el territorio de nuestro país.
Su implementación plena en todos los efectores de salud debería evitar prácticas inseguras que pusieran en riesgo la salud y las vidas de las personas gestantes que deciden interrumpir sus embarazos.
La conquista de este derecho surgió de un recorrido histórico de lucha y organización de las mujeres, feminismos y colectivos LGTBQ+, confluyendo en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
CICOP junto a cientos de organizaciones que forman parte de la Campaña fueron protagonistas de este hito histórico, lo que significó un paso enorme en materia de derechos para las personas gestantes, mujeres, lesbianas, varones trans y personas no binaries, reconociéndose el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
En la Provincia de Buenos Aires este derecho no está aún totalmente garantizado y el acceso al aborto legal no es equitativo.
En numerosos Hospitales y Centros de salud, tanto provinciales como municipales, el acceso a esta práctica se encuentra limitado u obstaculizado. Una de las causas es la falta de personal para conformar equipos interdisciplinarios IVE/ILE capacitados y que se encuentren abocadxs exclusivamente a la atención y acompañamiento en estas situaciones.
La distribución de los equipos es muy heterogénea. Muchas veces, al tener que suplir la falta en otros lugares, se encuentran con una alta demanda, lo que conlleva una sobrecarga laboral importante sin posibilidad de dar una respuesta rápida y efectiva.
En los efectores municipales, las condiciones laborales de precariedad y salarios a la baja también dificultan acciones seguras de promoción y prevención (consejerías, acceso a MAC) en el primer nivel de atención.
En algunas regiones sanitarias existen faltantes de determinados métodos anticonceptivos (implantes, inyectables, DIU), restringiendo así el derecho de la persona de poder elegir el método acorde a su necesidad. La demora en la realización de ecografías y las dificultades de la derivación cuando la persona cursa el segundo trimestre también constituyen obstáculos para la accesibilidad.
La presencia de profesionales objetores de conciencia en los distintos lugares continúa dificultando el acceso a las interrupciones a través de la utilización de maniobras dilatorias y/o expulsivas, provocando demoras innecesarias.
Este cuadro de situación da cuenta de que, a pesar de que hayamos logrado que el aborto sea legal, se sigue vulnerando el derecho de las personas gestantes a su acceso, con el riesgo de que se expongan a un aborto inseguro o clandestino.
Una vez más, desde CICOP, gremio defensor irrestricto de la Salud Pública, exigimos que el Estado proteja los derechos de las mujeres y disidencias. Nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos son derechos humanos que deben ser garantizados sin ningún tipo de discriminación por parte del Estado.
Seguimos con los pañuelos en alto exigiendo Implementación plena de la Ley 27.610.
- Equipos Interdisciplinarios capacitados en todos los efectores de salud
- Basta de criminalizar a lxs profesionales que garantizan derechos
- Sobreseimiento de Miranda, médica de Tartagal imputada por practicar un aborto legal
- Basta de la mirada patriarcal y machista sobre nuestros cuerpos y decisiones. ¡Garantizar derechos no es delito!
- Libertad para lxs presxs por abortos y eventos obstétricos
- Acceso pleno a la ESI y a todos los métodos anticonceptivos
- ¡Niñas No Madres!
¡ El Estado es responsable !
Secretaria de Género de CICOP
