CICOP en una jornada histórica frente a un reclamo multitudinario: la legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo
El 13 de junio pasado, luego de ser parte de más de un millón de personas y habiéndose logrado la media sanción en la Cámara de Diputados para el Proyecto de Ley de Interrupción voluntaria del embarazo, CICOP se preparó para el próximo paso. Así fue que el 8 de agosto también participó de la vigilia en la Plaza de los Dos Congresos para el tratamiento de la ley en el Senado. Para ello, se realizó una jornada de paro en los hospitales y centros de salud, dentro del contexto de un plan de lucha por aumento salarial y condiciones laborales.
Porque creemos que es indispensable dar respuesta a un gravísimo problema de Salud Pública, ya que un aborto inseguro puede provocar la muerte y dejar secuelas, sobre todo en una población particularmente joven y con mayor vulnerabilidad social. Porque, así como somos un gremio que defiende los derechos de lxs trabajadorxs, somos profesionales de la Salud que defendemos el derecho de las personas a decidir sobre el propio cuerpo y respetamos el deseo singular de cada mujer o persona con capacidad de gestar, atendiendo a nuestra ética enmarcada en principios universales y no confundiéndola con la moral, que siempre responde a intereses particulares.
Sin importarnos el frío y la lluvia, estuvimos en nuestra carpa que fue preparada y armada con todo el deseo puesto en que saliera la sanción, junto a la de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Se acercaron muchxs compañerxs de distintas edades, nacionalidades y profesiones, estableciéndose lazos fraternales y participando de una jornada histórica, todxs expectantes de que este derecho se convirtiera en ley.
A pesar del resultado desfavorable y de los pobres argumentos que llevaron a la no aprobación en el Senado, pensamos que el debate ya está instalado en nuestra sociedad, ya que se impuso un tema que estaba silenciado. Cerrando los ojos frente al aborto clandestino, se escondían las múltiples falencias del Estado en materia de derechos sexuales y reproductivos que deberían estar garantizados con el pleno cumplimiento de programas y leyes. Este debate hizo visible una lista de situaciones ocultas, pero absolutamente necesarias para quienes, de la salud y de la vida, hacen un negocio.
Es responsabilidad de las autoridades provinciales y municipales que se cumpla plenamente con la Ley de Educación sexual Integral, la provisión adecuada de métodos anticonceptivos, garantizar el acceso a las interrupciones legales del embarazo, la producción nacional de misoprostol y la disponibilidad de la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) en todos los niveles de atención. La interrupción legal del embarazo por causal salud y violación debe estar garantizada en nuestro sistema de Salud Pública en todo el territorio nacional, en forma segura, universal y gratuita, contemplado en el Código Penal del año 1921, ratificado por el fallo F.A.L. en el año 2012.
Tarde o temprano, será ley. Y allí estaremos para palpitarlo junto al gran colectivo de mujeres que viene luchando desde hace años para lograrlo, junto a los movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos y la mayor parte de la sociedad. Será gracias a todxs lxs que salimos a la calle y, en especial, a toda la juventud que desde hace un tiempo se instala en los alrededores del Congreso con sus pañuelos verdes. ¡SERÁ LEY!
