Un Gobierno sin políticas públicas con perspectiva de Género
En un video difundido por las redes durante las últimas horas se muestra a la Gobernadora María Eugenia Vidal haciéndole frente a un supuesto caso de violencia de género, poniendo en evidencia que tanto ella como el equipo que la asesora desconoce profundamente cómo debería ser abordada esta problemática. Es inadmisible que un tema tan sensible y doloroso para la sociedad sea utilizado de manera irresponsable y cruel por quien sólo pretende obtener beneficios para su campaña electoral.
En la escena aparece una mujer víctima de violencia de género relatando su padecer: el acoso de un hombre desconocido que le limita su vida. La Gobernadora, sin tener el mínimo resguardo ético ni velar por la seguridad de la mujer, la expone públicamente con su relato y la lleva así a una situación de mayor vulnerabilidad, no atendiendo a las recomendaciones de los protocolos y guías de acción que siempre orientan a lo colectivo.
Durante la escena siguiente, Vidal se dirige al domicilio del acosador advirtiéndole que ella misma y su equipo acompañarán a la mujer vulnerada y le avisa que esta lo denunció y volverá a hacerlo.
Se omite en este video mencionar el rol imprescindible que deben cumplir las instituciones públicas en la prevención y atención de las mujeres y disidencias víctimas de violencia de género de las cuales Vidal es la máxima responsable en el ámbito provincial.
La política de la gestión de la Gobernadora contradice “la voluntad” de ayudar a las mujeres y disidencias que atraviesan una situación de violencia como lo demuestra este video: el presupuesto ha sido menor cada año, impidiendo que las políticas de género se traduzcan en un abordaje integral de la problemática.
El ajuste en el presupuesto provincial ha llevado a un desfinanciamiento de los programas de atención y acompañamiento de las víctimas, con precarización laboral y despidos a empleadas de la línea de emergencia 144, hogares de protección integral con escasas vacantes, dificultades para poner en marcha el Programa Nacional de Patrocinio Jurídico e instituciones que conservan prácticas violentas o machistas como ocurre en muchas comisarías. A ello, se agrega la falta de decisión política para avanzar con la reglamentación de la ley 14.893 de Licencia por Violencia de Género para las mujeres trabajadoras.
En un país donde crece el número de femicidios, transfemicidios y travesticidios, con miles de denuncias por violencia hacia las mujeres y disidencias, el presupuesto 2019 para el Instituto Nacional de las Mujeres disminuyó un 18 % con respecto a 2018, lo que equivale a contar con $ 11,36 por mujer.
Desde nuestro lugar, los y las profesionales de la Salud agremiadxs en CICOP, a diario recibimos consultas, asesorando y acompañando a quienes nos consultan. Lo hacemos con equipos diezmados, con el presupuesto en Salud más bajo de la historia, sin dejar de reclamar junto con otros gremios condiciones dignas, salarios acordes a responsabilidades y recursos para brindar respuestas.
Necesitamos una gestión que enfrente a la violencia de género en forma integral como un problema social y de derechos humanos y con verdaderas políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista.
Hacia el 34° Encuentro
