30 de diciembre de 2024
Hace cuatro años, Argentina dio un paso histórico hacia la justicia social con la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Este avance no solo reconoció la autonomía de las mujeres y personas gestantes, sino que tuvo un impacto directo y medible en la salud pública: la reducción de la mortalidad materna y adolescente.
Según datos del entonces Ministerio de Salud de la Nación, las muertes maternas por causas relacionadas con abortos inseguros disminuyeron drásticamente gracias a la implementación de la Ley. Además, el acceso al aborto legal ha sido especialmente significativo para adolescentes, históricamente una de las poblaciones más vulnerables a los riesgos de abortos clandestinos, reduciendo su exposición a prácticas inseguras y salvando vidas en una etapa crucial de sus vidas.
Por primera vez, el acceso a servicios de aborto legal, seguro y gratuito se tradujo en menos vidas perdidas y en un sistema de salud más equitativo y comprometido con la protección de derechos.
Sin embargo, este logro está en peligro. Las políticas nacionales actuales, marcadas por recortes y desfinanciamiento, amenazan con limitar la plena implementación de la Ley, exponiendo nuevamente a las mujeres más vulnerables a prácticas inseguras y riesgos innecesarios. Sumado al fantasma vetusto de volver a la clandestinidad, una falta de respeto que intenta avasallar decenas de años de lucha.
- Defender la Ley IVE es defender vidas.
- La experiencia de estos años nos demuestra que cuando el Estado garantiza derechos, protege vidas.
- Como trabajadorxs de la salud, renovamos nuestro compromiso con la Ley IVE y exigimos que ninguna política retroceda en lo que tanto costó conquistar.
¡El aborto es legal, seguro y gratuito! ¡Y lo seguirá siendo!
