La gobernadora estableció como nuevo marco una vieja ley del duhaldismo que les permitirá a los intendentes fijar los salarios de este año de manera unilateral. Esa norma ya fue declarada inconstitucional por la Corte provincial en varios de sus puntos.
Al menú de despidos que se cuentan por miles y la represión de ayer frente a la sede comunal de La Plata, María Eugenia Vidal sumó la anulación, vía decreto de necesidad y urgencia, de las paritarias de los empleados municipales de la provincia. El decreto 26/15, con fecha del 15 de diciembre de 2015 pero publicado en el Boletín Oficial recién el martes, suspende por 180 días una ley que regulaba la negociación paritaria y los derechos laborales de los municipales bonaerenses y establece como nuevo marco normativo una vieja ley del duhaldismo que le permitirá a los intendentes fijar los salarios de este año de manera unilateral. “El decreto es absolutamente inconstitucional y significa un retroceso enorme de los derechos fundamentales de los trabajadores”, describió a Página/12 Lucas Arakaki, abogado de ATE.
A través del decreto, Vidal restablece la vigencia de la ley 11.757, una vieja norma sancionada durante la gobernación de Eduardo Duhalde y que fue declarada inconstitucional por la Corte provincial en varios de sus puntos, como consecuencia del reclamo sindical. El año pasado, comenzó a regir una nueva ley, la 14.656, que garantizaba la legislación necesaria para enmarcar el reclamo salarial dentro de paritarias y establecía un nuevo piso de derechos, entre ellos el camino legal para la incorporación de los trabajadores contratados como planta permanente. La última etapa de implementación de la ley quedó en manos de Vidal, que a cinco días de asumir la borró de un plumazo.
“Se suspende, hasta la culminación del proceso de acompañamiento y reglamentación, la aplicación de la Ley Nº 14.656, quedando las relaciones de empleo municipal regidas por la Ley Nº 11.757 y modificatorias”, reza el artículo clave del decreto, que lleva las firmas de Vidal y de los ministros de Trabajo, Marcelo Villegas, de Gobierno, Federico Salvai y de Coordinación y Gestión Pública, Roberto Gigante, con fecha del 15 de diciembre.
Marcelo Ponce Núñez, representante legal de la CTA autónoma de la provincia, aseguró que la medida apunta a “disciplinar a los trabajadores en el contexto de ajuste salarial y represión”, y adelantó que desde la central buscarán judicializar el decreto. La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo), por su parte, se encuentra en alerta desde que se conoció la intención del nuevo gobierno de anular las paritarias, algo que en un principio trascendió que el gobierno provincial intentaría impulsar por ley. “Buscaron la salida para lastimar a los trabajadores. Si logran suspender las paritarias costará mucho más recuperarlas. No lo permitamos”, dijeron en un comunicado en el que resumen las últimas negociaciones con el ministro de Trabajo sobre el tema.
180 días
El plazo establecido para la anulación de las paritarias es de 180 días. “Eso es una falacia”, explicó Arakaki, “porque en general los decretos de este estilo se prorrogan automáticamente, por lo que es esperable que el decreto funcione como una ley”. “Y si suponemos que es sólo por 180 días la paritaria para los municipales se anuló, porque estarían discutiendo salarios recién en junio”, aseguró.
En sus fundamentos, el decreto aduce que la ley derogada no se puede implementar debido a “a las demoras generadas por el recambio de autoridades acaecido a raíz del proceso eleccionario”, argumento que fue considerado falaz por las organizaciones gremiales, dado que la supuesta “negligencia” les impediría convocar paritarias, pero no fijar vía decreto el techo salarial.
DNU
La mecánica de los decretos de necesidad y urgencia parece no circunscribirse únicamente al ámbito del Ejecutivo nacional. De la misma forma que el decreto 267 disuelve la ley de medios, el decreto 26 de Vidal arremete contra una ley con amplio consenso entre las organizaciones sindicales de la provincia. La ley 14.646 establecía los derechos básicos de los trabajadores municipales, entre ellos la discusión paritaria libre, que de todas formas, señalan desde CTA, no se aplicaba a todos los municipios. “Fundado en una supuesta necesidad y urgencia, el decreto viola la división de poderes del sistema republicano y suspende una ley mucho más favorable para los municipales que la que deje en pie”, explicó Arakaki.
“No se entiende cual es la urgencia, en ningún tramo del decreto está justificada”, aseguró Ponce Núñez, para quien no es casualidad la fecha de publicación, en plena feria judicial. “La situación de precarización de los trabajadores ya era de por sí preocupante, dado que en la mayoría de los casos eran contratados”, afirmó sobre la planta de municipales, que estimó en más de 300 mil empleados. “Pero ahora, con represión, ajuste sobre el salario y sin paritarias, la situación es cada vez más grave”.
