NO AL SAQUEO DEL SISTEMA PREVISIONAL
Documento conjunto de los Gremios Estatales
Nuestra Constitución Nacional es el pilar fundamental de una seguridad social que contemple el rol del Estado, no sólo como garante del sistema, sino también, como sostén del mismo; instrumento esencial para la redistribución de la riqueza. Ello, a través del carácter integral e irrenunciable en los derechos de la seguridad social, a cargo de entidades nacionales o provinciales, con autonomía económica y financiera, administrado por los interesados con participación del Estado, la movilidad de las jubilaciones y pensiones. Esta norma constitucional corresponde leerla en clave con los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y los convenios internacionales de la O.I.T.
Nuestro sistema es un régimen previsional público (no estatal) de reparto, de tal manera que los recursos del sistema se asignen al pago de las prestaciones, donde la solidaridad forma parte de su naturaleza. Esta se expresa de dos formas, como redistribución inter generacional, entre los trabajadores activos y los jubilados, e intra generacional de los que más tienen respecto de los que menos tienen.
La seguridad social es un régimen público, una función esencial de un Estado de derecho democrático y social, un derecho humano fundamental que el Estado se ha obligado a organizar, por medio de leyes reglamentarias, conforme lo establecen el artículo 14 bis y el 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, de tal importancia que nos permite reconocer la existencia o no de ese Estado. Por lo cual es una obligación del Estado garantizar la seguridad social.
El Estado debe asignar los recursos presupuestarios necesarios y distribuir la coparticipación federal contemplando criterios objetivos de reparto, en forma equitativa y solidaria (artículo 75 incisos 2 y 8 de la Constitución Nacional) para lograr su realización. A su vez el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional prohíbe dictar medidas regresivas, respecto del grado de desarrollo alcanzado por los derechos económicos, sociales y culturales.
El texto constitucional impone al Estado garantizar los derechos de la seguridad social, con carácter integral e irrenunciable. Se trata no solo de regular jurídicamente la seguridad social, sino de hacerlo bajo determinados estándares, organizar el sistema, establecerlo en forma obligatoria, financiarlo, garantizar las prestaciones de los cuales son acreedores los trabajadores y deudor el Estado.
Así como la Constitución Nacional da protección integral a los derechos de la Seguridad Social de los trabajadores, que además son de carácter irrenunciables, ha otorgado a los estados provinciales, la facultad de organizar sus propios regímenes previsionales, así es que esto está plasmado en nuestra constitución provincial ( artículo 40), que ampara los regímenes de seguridad social que emergen de la relación del empleo público provincial, los que estarán a cargo de entidades con autonomía económica y financiera. Además, la misma constitución manda que en materia laboral y de seguridad social (artículo 39) regirán los principios de irrenunciabilidad, progresividad y, en caso de duda, interpretación a favor del trabajador.
Nuestro IPS es un bastión de los derechos de la Seguridad Social, el previsional, en la provincia de Buenos Aires y el país, que viene resistiendo en sus pilares fundamentales los embates de distintos gobiernos provinciales a lo largo de su historia. Intentos de transferencia a la órbita nacional y posterior privatización, utilización de los recursos para otros fines contrarios al pago de jubilaciones, disposición como caja de gobierno a través de la toma de los fondos del IPS para gastos corrientes o la intención de que el sistema previsional sea manejado por el Ministerio de Economía provincial y convenios de futuras armonizaciones con el sistema nacional a cambio de fondos nacionales.
Hemos logrado las trabajadoras y trabajadores activos y jubilados, sostenerlo en el tiempo y que se recupere de las malas políticas de los gobiernos.
Somos parte viva de la historia del IPS y testigos de las consecuencias nefastas que tienen para el sistema previsional las medidas gubernamentales que han intentado quebrarlo, pero también somos los que resistimos y volvimos a ponerlo de pie. Porque si hay un problema en todo esto, no son los parámetros del Sistema Previsional, sino las distintas políticas de Gobierno en su contra.
Este Gobierno desde que asumió se ha dado una campaña en pos del vaciamiento y desfinanciamiento del Sistema Previsional provincial, a través de las medidas decididas de congelamiento de ingresos a la planta del Estado, jubilaciones de oficio a administrativos y docentes, e ingreso de personal que aporta a ANSES y no al IPS, esto claramente apunta a que el mismo vaya perdiendo la relación entre trabajadores activos y trabajadores jubilados y por lo tanto recursos propios, sumado a la reciente novedad de constituir con el superávit del IPS a fines del 2016 letras a la vista, y no Letras Previsionales como marca la Ley, entre otras medidas.
Con estos artilugios, el Gobierno Provincial va tratando de construir resultados económicos negativos al interior del IPS, con dos objetivos , uno instalar en la opinión pública un idea maliciosa de que el sistema no sería viable y sustentable, a fin de generar consenso mediático del advenimiento inevitable de una reforma y a su vez sostener esta política de vaciamiento en el tiempo, para intentar moldear estructuralmente al sistema a sus fines verdaderos que es destruir el sistema previsional de los trabajadores del Estado provincial, con las condiciones en que lo conocemos actualmente.
Es inevitable el paralelismo de estas medidas con las aplicadas en el 2001 por el entonces presidente del IPS, Horacio Rodriguez Larreta, que repercutieron negativamente en los ejercicios contables del IPS en 2002 y 2003, como también no podemos dejar de decir que el Sistema Previsional se recuperó a partir del 2004 a través de nuestra resistencia y el consecuente cambio de políticas.
Pero ante los discursos que quiere instalar este Gobierno de puro carácter financiero, como si el Instituto de Previsión Social fuese una empresa, no solo sostenemos que es una institución de la Seguridad Social y por lo tanto obligación del Estado de sostenerlo, sino que los trabajadores queremos recordar al Gobierno que el IPS tiene un Patrimonio construido por años en su mayoría por Letras Previsionales, producto de los resultados económicos positivos acumulados desde el año 1998, dado que dichos fondos fueron utilizados por los gobiernos de turno para otros fines y se remplazaron por Letras Previsionales a favor del Estado Patrimonial del IPS. Este acumulado a favor del IPS ascendía al cierre 2016 a $14.374.434.852.
De la mano de la Ley llamada “De Reparación Histórica” aprobada en 2016, el Gobierno Nacional introduce lo que intentan que sea la estocada final de la Seguridad Social en el país y eso incluye un acuerdo de la Nación con las provincias que no hayan transferidos sus cajas de jubilaciones, a fin de llevar a la “armonización” de estas últimas al sistema nacional de jubilaciones, ANSES. Esta Ley sigue los lineamientos dados por el FMI, en el marco del art. IV del Convenio de Consulta, donde le aconsejó al Gobierno Argentino, “que para darle sustentabilidad al sistema previsional, entre otras medidas, debe cambiar la edad de jubilación a los 65 años,
reducir el haber inicial, es decir bajar la tasa de sustitución, modificar la fórmula de actualización de la ley de movilidad”. La política encubierta, conforme la orientación de los Organismos Financieros Internacionales, es generar un espacio para volver a implementar los seguros privados en materia de jubilaciones, dejando al Estado limitado a políticas asistenciales de “alivio” de la pobreza.
Lo que intentan hacer con nuestro IPS, se enmarca en este plan nacional de desfinanciamiento de la Seguridad Social y desaparición del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se vio plasmada en la reforma previsional nacional de fines del año pasado, de carácter absolutamente
regresiva y anticonstitucional y la tributaria aprobada con la reducción de aportes hacia la seguridad social, en el marco del Pacto Fiscal firmado por la mayoría de los Gobernadores
provinciales con el Gobierno Nacional.
Por eso rechazamos la Resolución 188/17 y su ampliatoria, la Resolución 119/18 del Ministerio de Trabajo de la Nación que convoca a “especialistas” previsionales para que redacten a puertas cerradas un nuevo código previsional, para presentarlo ante el Congreso en 2019. Ellos son BERNABE LINO CHIRINOS, LILIA MAFFEI DE BORGHI y FELIX LOÑ, los abogados contratados por Jorge Triacca, se basan en tres pilares para «sanear» la caja: el recorte del déficit jubilatorio, el aumento de la edad y la vuelta del ahorro personal no solidario.
El modelo perseguido, es el español, en el que cuentan con capitalización privada. Esto estaría complementado con el primer tramo que ya se llevó a cabo, con la mal llamada «Reparación Histórica», prohibiéndoles ingresar al reparto a aquellos que no cuentan con treinta años de
aportes patronales, a los que relegó a pensiones del 80% de la jubilación mínima, las llamadas pensiones universales a cargo del Tesoro Nacional, por lo que libera a la ANSES de sustanciales gastos. Para acceder a ellas, las mujeres que no contaran con empleadores formales por tres décadas, deben cumplir 65 años, con lo que el gobierno alargó su edad de retiro en 5 años.
Con esto cumplieron temporalmente con dos de los tres objetivos.
Están en plena acción para desfinanciar la ANSES y proponer el camino a las AFJP, enunciándolo como algo azonable. La armonización del sistema previsional provincial con el nacional. que pretende el Gobierno Nacional y Provincial, implicaría la pérdida de derechos adquiridos de las trabajadoras y trabajadores estatales provinciales activos y jubilados, en cuanto a que se exige que se modifiquen la edad jubilatoria, los años de servicios exigidos, la determinación del haber inicial y el mecanismo de movilidad de haberes.
En este camino, el Gobierno Provincial, a través de sus funcionarios de primera línea, adelantó que van a avanzar en una Reforma del Sistema Previsional Provincial y hacia fines del año pasado circuló un proyecto de reforma integral de la ley previsional provincial, que dejo a las claras por donde van sus intenciones.
Nuestro sistema actual, amparado por la Constitución provincial, se sostiene en los pilares de la Seguridad Social y refleja la vigencia del principio de proporcionalidad y el carácter sustitutivo del salario que tienen las jubilaciones en nuestro sistema constitucional, destacando la importancia de que la jubilación permita mantener el estándar de vida que la persona tenía mientras se mantenía en actividad, garantizado con el cálculo del haber inicial atado al mejor cargo de la carrera laboral y con la movilidad de los haberes jubilatorios directamente relacionados con los salarios de los trabajadores en actividad.
En definitiva, las trabajadoras y trabajadores del Estado, en unidad, vamos a resistir la avanzada del Gobierno Provincial y Nacional sobre el Sistema Previsional. En defensa irrestricta del IPS, rechazaremos cualquier intento de armonización de nuestro sistema previsional con el régimen de ANSES y cualquier otra reforma que implique un retroceso de las condiciones actuales.
Sostenemos al IPS basado en sus principios de un sistema de reparto, solidario, administrado democráticamente por los trabajadores con participación del Estado, con prestaciones proporcionales al salario en actividad y móviles.
Bregamos por una seguridad social que sea el motor para la construcción de una sociedad democrática que haga eje en la redistribución de la riqueza.
Para ponerle freno al Gobierno en su proyecto de vaciamiento del IPS, para recuperarlo de las malas políticas gubernamentales, sostenemos que nuestro Sistema Previsional debe estar administrado por los trabajadores y trabajadoras activos y jubilados, para que respondiendo al interés de los aportantes, el Instituto de Previsión Social fije las políticas previsionales públicas de corto, mediano y largo plazo en la Provincia de Buenos Aires.
