Precedida por el Paro del miércoles 21 – que tuvo muy alta adhesión –, se reunió la paritaria de la Ley 10471 el pasado jueves 22. El Gobierno tuvo todo el tiempo posible para elaborar una propuesta al menos decente, pero lo que hizo fue una verdadera provocación.
Nuestrxs delegadxs paritarixs fueron con un mandato expreso del Congreso y lo sostuvieron: rechazar de plano toda posibilidad de propuesta que involucre el año 2017, teniendo en cuenta que eso fue lo que negociaron con los gremios de la CGT en la paritaria general de estatales. El Gobierno debió aceptar nuestra postura y formuló una propuesta para el último trimestre de 2016. De manera insólita, reconociendo que se trataba de una decisión política motivada por nuestro rechazo a la pauta anual, realizó una oferta irrisoria de aumento para los meses de octubre, noviembre y diciembre, cuya mejor expresión gráfica es que para el ingresante de planta de 36 horas sin antigüedad significa un incremento de 98 pesos. Pensando en las fiestas, ese monto no alcanza ni para comprar un pan dulce de mediana calidad.
Nuestro rechazo in límine incluyó el reclamo de una nueva oferta, la concreción de las interinizaciones que vienen con un preocupante retraso, así como la falta de cumplimiento de otros compromisos paritarios no salariales. La inmediata implementación del cronograma acordado de pase a planta de becarios, el mejoramiento de las condiciones laborales, la resolución de la situación previsional con la correcta aplicación del decreto de desgaste, una mesa técnica para abordar la problemática de los residentes y el reclamo por la no convocatoria a concursos de funciones ya vencidas, fueron, entre otras, las cuestiones planteadas.
CICOP tiene una fuerte decisión de completar el tramo de la discusión paritaria del último trimestre de 2016 antes de comenzar la discusión paritaria del año 2017. El cierre de la paritaria de la Ley 10430, con el rechazo de ATE y CICOP, fue fruto de un pacto de gobernabilidad de UPCN y la mayoría de los gremios de FEGEPBA con el Gobierno de María Eugenia Vidal. La intención -y la ilusión- de un año sin reclamos gremiales, paros y movilizaciones con una propuesta de aumento salarial del 18 % y en cuatro cuotas, chocará inevitablemente con la realidad cotidiana de las condiciones de vida y de trabajo de los estatales. Los judiciales siguen en conflicto por el último trimestre del año, mientras los gremios docentes plantean el no comienzo de las clases en 2017 si no se reabre las discusión salarial del 2016. Nuestro gremio demostró durante todo el año que termina que puede contribuir, en unidad de acción junto a otras organizaciones (en primer lugar, los de la CTA Autónoma y también los demás estatales), a generar las condiciones que permitan construir un escenario favorable para la lucha de los trabajadores en su conjunto, condición indispensable para fortalecernos en las negociaciones paritarias y en las conquistas que nos propongamos.
Para agudizar aún más las problemáticas, se aprobó sin cambios sustanciales el escandalosamente bajo presupuesto que se asignará al Ministerio de Salud. Los números son preocupantes, sobre todo teniendo en cuenta la situación deplorable en que se encuentra el sistema público de Salud en la provincia. Según el proyecto aprobado en la Legislatura, la participación del presupuesto de Salud en relación al total disminuye del 6,36 % en 2016 al 5,65 % en 2017, pasando de 22.000 a 29.000 millones de pesos, aumento que está lejos de compensar la pérdida por la inflación y, por lo tanto, provocando una disminución neta del dinero asignado. Los presupuestos hablan de las verdaderas voluntades políticas de los gobiernos, las que muchas veces quedan encubiertas en los discursos. Para Vidal, al igual que para Scioli en la etapa anterior, la Salud sigue estando en los escalones más bajos de su lista de prioridades.
En este contexto, es grave la decisión política de privilegiar a un sector de estatales otorgándoles un aumento superior y un bono de fin de año adicional, a la vez que se le niega al resto; es el caso de la Policía Bonaerense. Privilegiar a los sectores de la seguridad estatal por sobre los de las políticas sociales no resolverá el tema de la inseguridad, que es una preocupación de todos los ciudadanos, pero, además, fomentará el camino de la represión como manera de resolver los conflictos sociales.
En función de este panorama, el CDP del viernes pasado decidió por unanimidad convocar a una Jornada de Lucha y Asambleas en todos los hospitales y centros de salud de la provincia para el miércoles 28 de diciembre, visibilizando el rechazo a la propuesta del Gobierno para ir construyendo con el conjunto de los profesionales las medidas gremiales que se decidirán en el Congreso de Delegados del próximo viernes 6 de enero.
