Los gremios que rechazaron el aumento propuesto por el gobierno de María Eugenia Vidal para los empleados públicos: SOEME, ATE, CICOP y CTA, entre otros, pidieron ayer una medida cautelar a la Justicia para que el Ejecutivo bonaerense reabra la discusión paritaria, al tiempo que ratificaron el paro de 48 horas previstos para el miércoles y jueves de la semana próxima que incluirá una movilización conjunta a la Casa de Gobierno.
La presentación judicial de los gremios se dio después de que el Ejecutivo diera por cerrada las negociaciones con los estatales regidos por la ley 10.430, luego de que UPCN y FEGEPPBA aceptaran un aumento de 15,06 por ciento, contenido en un acta con una cláusula que prevé reabrir las negociaciones en julio.
Desde el SOEME, que conduce el ingeniero Marcelo Balcedo, denunciaron que el gobierno de Vidal violó el derecho de fondo que protege a los trabajadores y elementales normas procedimentales con el objetivo de imponer un irrisorio aumento del 15% en dos cuotas.
“Estas vías de hecho son actos nulos de nulidad absoluta y esto queda demostrado por el simple hecho de que se dieron por cerradas las paritarias sin siquiera notificarnos fehacientemente de la última oferta ni del cierre de las negociaciones. Tampoco se establecieron los votos de cada una de las organizaciones gremiales que forman parte de la Ley 10.430 para determinar si existe la mayoría absoluta que exige la normativa vigente respecto a si la oferta realizada por la Provincia –un irrisorio aumento de poco más de 15%, en dos cuotas- tiene la aceptación de los trabajadores”, dijeron desde SOEME.
“Un auténtico mamarracho”
“El gobierno bonaerense inventó un auténtico mamarracho: la paritaria electrónica, mandar la propuesta por mail y esperar que le respondan por esa misma vía. Es algo absolutamente ilegal”, agregó Balcedo.
Según el SOEME, a la hora de cuantificar el nivel de apoyo a la propuesta del gobierno no se cumplió con el artículo 10 de ley 13453. Balcedo aclaró que “la aprobación que dio la conducción de la Fegeppba al 15% no tiene ningún peso porque solamente dos de su gremios, Salud Pública y AERI, están alcanzados por la ley 10.430 y tiene menos afiliados que el SOEME. Es decir, se contabilizaron apoyos de sindicatos que forman parte de otros convenios colectivos y, además, dentro de la propia Federación hay opiniones divididas. Es decir, varios de sus dirigentes, que representan a distintas organizaciones, se oponen al 15% en dos cuotas”.
