La semana comienza en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas con los profesionales en alerta. En sus pasillos, son cada vez mayores los rumores entre sus cinco gremios de que la Justicia dispondrá medidas «fuertes» e «inminentes» relacionadas con el ingreso irregular de personal el año pasado.
Hace un mes, el Gobierno anunció durante una conferencia de prensa que revisaría 2035 contratos de agentes que ingresaron el año pasado en el Posadas. El 50% de esas incorporaciones fueron en los últimos 45 días de la gestión del sabbatellista Domingo Martín Latorraca, que renunció el 11 de diciembre pasado.
Las autoridades del hospital formalizaron una denuncia en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón, que investiga posibles daños intencionales contra bienes del hospital, irregularidades en las contrataciones y las compras de bienes y servicios, y la incorporación de personal en el Estado sin los requisitos que exige la legislación vigente ni solicitudes formales de profesionales o técnicos desde las jefaturas de los servicios del hospital.
Según pudo conocer LA NACION, lo que hubo fueron comunicaciones desde el área de recursos humanos a los servicios para adjudicar personal. Un jefe de servicio había rechazado por escrito esa asignación debido a la falta de formación e idoneidad para las funciones a desempeñar.
En los pasillos del Posadas, en algo coinciden voceros de los cinco gremios que representan a los casi 5700 trabajadores, entre personal administrativo, técnico y profesional. El desorden administrativo del hospital es enorme. En el caso de los recursos humanos, la manera de «ordenar» ese desorden se encontró con mayor intensidad en los últimos años en una modalidad contractual que se conoce en la administración pública nacional como «contrato 48» y surge de un artículo de la Ley marco de regulación del empleo público nacional.
La Asociación de Profesionales del Hospital Posadas-Cicop reclama desde hace tiempo que el contrato 48 «se diseñó para cubrir vacantes de tareas ocasionales y desde hace tiempo se aplica a tareas permanentes. Se está corporizando, lamentablemente, lo que venimos sosteniendo desde hace muchos años: el firmante del 48 acepta que el Estado rescinda el contrato cuando le parezca».
Así se lee en los puntos de la convocatoria a una asamblea de profesionales de la Cicop Posadas que hará mañana, a las 11, en el aula magna del hospital. Ahí también se tratarán la falta de insumos y la falta de reconocimiento de la antigüedad en los cargos, entre otros problemas. «La ley asegura que no puede haber más de 15% del personal con contrato 48 y en el Posadas hay miles que lo firmaron, muchos de ellos por necesidad», explicó ayer a LA NACION Luis Lichtensztein, de Cicop Posadas.
