Se llaman a sí mismos los “verdaderos buenos amigos de los servicios” pero están vendiendo nuestras comunidades
La Internacional de Servicios Públicos denuncia el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios
http://www.world-psi.org/es/la-internacional-de-servicios-publicos-denuncia-el-acuerdo-sobre-el-comercio-de-servicios
Los gobiernos que se reúnen esta semana en Ginebra, Suiza están negociando en secreto un proyecto de Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés).
Los 48 países que participan en la negociación del TISA parecen resueltos a imponer el programa de las empresas de utilizar los acuerdos de comercio para obligar a los países a adoptar una liberalización y desregulación extremas para garantizar mayores beneficios empresariales a costa de los/las trabajadores/as, granjeros/as, usuarios/as de servicios y el medio ambiente. En resumen: a costa de la gente.
El TISA ha sido concebido para sobrepasar las normas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés) y el acuerdo de libre comercio (ALC) al restringir el derecho de los gobiernos de regular e invertir en el bien común.
La Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos, Rosa Pavanelli, dice: “Pedimos a nuestras afiliadas que insten a sus gobiernos nacionales a retirarse de las conversaciones sobre este Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y movilicen a trabajadores/as y comunidades contra este acuerdo que supone un ataque a los intereses públicos”.
“Creemos que este acuerdo pretende transferir servicios públicos a las empresas privadas y extranjeras, motivadas únicamente por las ganancias. Esto socavará los derechos de los/las ciudadanos/as y el acceso asequible a los servicios públicos vitales como la atención sanitaria, el agua y el saneamiento, la energía, la educación, los servicios sociales y las pensiones, y explotará los bienes comunes y los recursos naturales”.
Los países negociadores, que son todos miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y representan a la mayoría de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la par de ocho países en vías de desarrollo, se autodefinen como los “verdaderos buenos amigos de los servicios”. El acuerdo propuesto tiene por objeto liberalizar considerablemente todo el comercio de servicios, como la construcción, los servicios financieros, los servicios públicos, así como los servicios empresariales y profesionales. El acuerdo reducirá la regulación generalizada.
Pavanelli añade: “Si los gobiernos están tan seguros de trabajar en el interés de las personas a las que representan, ¿por qué continúan llevando a cabo estas negociaciones secretas y no democráticas? Este acuerdo está corrompido en muchos sentidos. Es inaceptable que nuestros gobiernos nos excluyan del debate de leyes y políticas que afectarán a la justicia social y económica, la igualdad y las condiciones de vida de miles de millones de personas”.
“Además, parece que los/las dirigentes gubernamentales no han aprendido nada de la crisis financiera: en lugar de adoptar una normativa financiera más fuerte y apoyar la inversión pública, se rinden ante la avaricia de los intereses empresariales y los mercados al vender nuestras comunidades”.
El TISA también promueve la liberalización del denominado movimiento temporal de personas físicas, que son en realidad trabajadores/as migrantes, sin garantizar la protección jurídica de sus derechos humanos. Los/las trabajadores/as no son un mercancía; la migración no forma parte de las competencias de los acuerdos comerciales y se debe abordar a través del marco tripartito de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Internacional de Servicios Públicos no es la única organización que exige que los países negociadores excluyan todos los servicios públicos del ámbito de aplicación de este tipo de acuerdos. La Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) apoyan la demanda y más de 340 organizaciones importantes de la sociedad civil se han unido para protestar contra el acuerdo. Los grupos, que representan a decenas de millones de personas en países en todo el mundo, han firmado una carta conjunta para pedir a los gobiernos y a la Organización Mundial del Comercio que abandonen las conversaciones.
“Es hora de exigir transparencia. Es hora de que los medios de comunicación expongan lo que está ocurriendo en secreto. Es hora de que la gente y los/las trabajadores/as decidan qué es mejor para las comunidades. Es hora de que prevalezca la democracia, no la avaricia empresarial”, dice Pavanelli.
